En un reciente movimiento que busca facilitar la movilidad en la comunidad, la Autoridad del Transporte de Euskadi (ATE) ha tomado la decisión de extender los descuentos del 50% en el transporte público para los viajeros. Este anuncio también incluye la implementación progresiva de la gratuidad en el transporte para niños de hasta 12 años, medida que se hará efectiva en diferentes territorios entre las primeras semanas de enero y principios de febrero de 2025.

La ATE llevó a cabo una reunión extraordinaria en Vitoria-Gasteiz este lunes, con el objetivo de examinar el acuerdo del Consejo de Ministros que establece la prórroga de las bonificaciones del 50% en el transporte público por un periodo adicional de seis meses. Durante la reunión, también se evaluó la posibilidad de aplicar la gratuidad para los menores hasta que cumplan 12 años en la región vasca.

Respecto a las bonificaciones del 50% aplicadas a la población general, las entidades vascas han decidido mantener el apoyo financiero necesario para sostener estos descuentos, tal como lo ha comunicado la ATE. Este respaldo resulta vital en medio de la creciente percepción de que el transporte público debe ser accesible para todos.

De acuerdo con la normativa estatal, el Gobierno central se responsabiliza del 30% del costo de los descuentos, siendo este apoyo condicionado a que las administraciones locales asuman el 20% restante. En la comunidad autónoma, el Gobierno vasco ha cubierto hasta ahora el 10%, mientras que las administraciones y los operadores provinciales o municipales han asumido otro 10%. Este esfuerzo conjunto es esencial para garantizar la viabilidad de las medidas adoptadas.

La consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, ha reiterado el compromiso del Gobierno vasco de continuar apoyando a las administraciones locales. Desde el inicio de los descuentos en septiembre de 2022, el Ejecutivo ha contribuido con 41,7 millones de euros a todas las administraciones, y las instituciones involucradas han expresado su intención de seguir colaborando en este sentido.

En lo que respecta a los servicios de Cercanías de Renfe, es importante señalar que estos permanecerán gratuitos bajo la gestión del Gobierno Vasco a partir del 1 de enero. Con relación a la próxima gratuidad para los menores de hasta 12 años —actualmente vigente solo para aquellos hasta los 6 años, a excepción de la operadora de Vitoria-Gasteiz, Tuvisa—, García Chueca ha defendido esta decisión como una herramienta para aliviar la carga económica de las familias y fomentar el uso del transporte sostenible entre las nuevas generaciones.

Además, la consejera ha recordado que en octubre de 2022, el Parlamento vasco aprobó una resolución que apoyaba esta medida, lo que subraya el consenso alcanzado sobre su importancia. Los principales operadores de transporte se han mostrado favorables a esta ampliación de derechos y están en el proceso de llevar la propuesta ante sus órganos decisorios —la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa, el Consorcio de Transportes de Bizkaia y la Autoridad de la Movilidad de Álava— con el fin de implementarla de manera progresiva en los distintos territorios.

Alrededor de 130.400 niños podrán beneficiarse de esta medida en Euskadi, con cifras que incluyen aproximadamente 22.000 en Álava, 65.000 en Bizkaia y 43.300 en Gipuzkoa, según datos del Eustat. Para poder acceder a la gratuidad, los menores deberán contar con una tarjeta personalizada que les permitirá validar sus viajes sin costo a partir del momento en que se implemente la medida en su territorio.

A partir del 7 de enero, todos los padres o tutores de niños entre 6 y 12 años podrán acudir a las oficinas de atención para solicitar la creación de las tarjetas personalizadas. Los menores que ya dispongan de una tarjeta no necesitarán hacer ningún trámite adicional. García Chueca ha valorado positivamente la disposición de las instituciones y operadores del transporte público en Euskadi, señalando que esta ampliación de derechos no solo representa un avance en la lucha contra el cambio climático, sino que también es una medida de justicia social que alivia la economía de las familias vascas.