El Ararteko, Manuel Lezertua, ha sido el protagonista de una reciente denuncia que pone de manifiesto el descontento creciente entre la ciudadanía vasca respecto a la obligatoriedad de la cita previa para llevar a cabo trámites administrativos en Euskadi. Según Lezertua, los ciudadanos han comenzado a expresar sus quejas acerca de la tendencia de las administraciones vascas a priorizar su propio confort organizativo sobre el derecho que tienen los ciudadanos a recibir atención adecuada.

La comparecencia de Lezertua ante las Juntas Generales de Álava, solicitada por los grupos EH Bildu y Elkarrekin, ha servido para discutir en detalle el funcionamiento del sistema de cita previa y los múltiples inconvenientes que surgen cuando este se convierte en un requisito obligatorio. Durante su intervención, el Ararteko reveló que ha recibido un total de 25 quejas relacionadas con la imposición de la cita previa en Euskadi y, afortunadamente, confirmó que todas las administraciones pertinentes se han mostrado receptivas a sus recomendaciones orientadas a hacer que la cita previa sea una opción voluntaria.

A pesar de estos avances, el problema persiste, especialmente en la Administración General de la Comunidad Autónoma Vasca y en las entidades locales. Lezertua puntualizó que las quejas relacionadas con Lanbide están actualmente en proceso de tramitación y que, en breve, emitirá una nueva recomendación a la Hacienda Foral de Bizkaia para que revise la obligatoriedad de este sistema de citas.

Además, el defensor del pueblo vasco destacó otra inquietud señalada por los ciudadanos: la actuación del personal de seguridad en las oficinas públicas, quienes, en ocasiones, se ven obligados a denegar el acceso a individuos que no posean un justificante de cita previa. Lezertua calificó esta situación de "indignante", subrayando que el personal de seguridad no cuenta con la formación necesaria ni con un mandato público que justifique dichas funciones, lo que a su juicio lo convierte en una actuación ilegal e inaceptable.

Asimismo, el Ararteko enfatizó que los ciudadanos no deberían tener que justificar la urgencia de su trámite, puesto que esto resultaría en una decisión arbitraria que dependería del criterio de funcionarios públicos o, peor aún, de vigilantes de seguridad privada, quienes carecen de autoridad para dictaminar sobre los derechos y obligaciones de los ciudadanos durante el proceso administrativo.

Manuel Lezertua defendió que los sistemas de cita previa pueden ser óptimos para la atención ciudadana, siempre que sean opcionales. Planteó que se debe permitir que cada individuo escoja el día y la hora que más le convenga para hacer sus gestiones en persona con la Administración. Sin embargo, enfatizó que esta modalidad no debería ser impuesta de manera obligatoria, ya que no existe una disposición legal que justifique dicha obligación por parte de la Administración.

Además, Lezertua destacó varios derechos de los ciudadanos que podrían verse comprometidos por la imposición de esta cita previa: la libertad de elegir el canal de comunicación con la administración, ya sea electrónico o presencial, así como la vulneración del principio de proximidad y del servicio efectivo al que la Administración está obligada.

El defensor del pueblo vasco argumentó que la restricción de atención presencial en ausencia de cita previa, así como la limitación del acceso a este servicio a través de canales telefónicos o electrónicos, infringe el derecho de los ciudadanos a escoger cómo relacionarse con la Administración. Lezertua sostuvo que esta situación no solo contraviene derechos fundamentales, sino que también socava el principio de legitimidad democrática, resaltando que la Administración existe para servir a la ciudadanía.

Lezertua agregó que la obligatoriedad de citas previas para todas las gestiones infringe varios principios democráticos esenciales, como el derecho a la motivación detrás de las decisiones públicas que afectan a los ciudadanos y el reconocimiento del principio de proximidad, que debe regir las acciones administrativas.

En una queja específica, el Ararteko se centró en un caso de la oficina de la Hacienda Foral de Llodio, en el que un ciudadano fue rechazado por no contar con una cita previa, a pesar de tener toda la documentación necesaria. Ante esto, Lezertua remarcó que la Diputación no ofreció criterios técnicos ni justificativos que apoyaran la decisión de obligar a la cita previa, así como una falta de motivación legal que respalde dicha medida. Esta imposición, argumentó, añade obstáculos innecesarios en la relación entre la ciudadanía y la Administración.

A pesar de estas dificultades, Manuel Lezertua mostró su contento por los pasos que ha tomado el Departamento de Hacienda para facilitar la atención presencial y alinear sus acciones con criterios más objetivos que beneficien a la ciudadanía, destacando que la Diputación ha actuado en un periodo de tiempo notablemente corto desde la recomendación inicial.

Finalmente, al ser cuestionado por la oposición, Lezertua evitó entrar en controversias sobre las críticas del diputado general de Álava, Ramiro González, quien había puesto en duda la coherencia del Ararteko. Lezertua aseguró que su cita previa no es obligatoria y señaló que González le había comentado en un evento que hubo una falta de comprensión de su postura. El Ararteko concluyó enfatizando que su principal interés radica en asegurar que se realicen modificaciones necesarias para corregir situaciones que él considera injustas.