Bizkaia impulsa un servicio gratuito de asesoramiento jurídico para mayores de 60 años en un contexto de políticas sociales en evolución

La Diputación de Bizkaia ha aprobado un convenio con el Ilustre Colegio de la Abogacía para ofrecer un servicio gratuito de orientación legal dirigido a mayores de 60 años en el territorio, con una inversión de 49.428 euros durante 2023. Este esfuerzo se enmarca en la estrategia de la institución foral para fortalecer las políticas sociales y la atención a colectivos vulnerables en un contexto de cambios en el sistema de bienestar social vasco.

La iniciativa responde a la creciente preocupación por la protección de la población mayor en un escenario en el que las reformas políticas y económicas a nivel nacional y autonómico han generado debates sobre la sostenibilidad del estado de bienestar. La propuesta busca además consolidar la orientación social y jurídica como elemento clave en la política pública vasca, en línea con los compromisos del Gobierno Vasco en materia de inclusión social y derechos humanos.

El acuerdo refuerza la participación del sector público en la gestión de recursos y servicios sociales, en un momento en que las administraciones autonómicas buscan equilibrar la austeridad con la necesidad de garantizar derechos básicos. La colaboración con el Colegio de Abogacía permite ofrecer un servicio profesional, cercano y de calidad, fundamentado en la experiencia y conocimientos del colectivo legal del territorio.

El programa, que estará activo durante todo el año, pretende facilitar la autonomía de las personas mayores, prevenir situaciones de vulnerabilidad y promover el ejercicio de sus derechos en un marco de creciente complejidad social y legal. La iniciativa refleja también un compromiso del Gobierno Vasco de reforzar la cohesión social en un contexto de envejecimiento poblacional acelerado en Euskadi.

Desde una perspectiva política, la medida se enmarca en las políticas del Ejecutivo vasco para responder a las demandas sociales y fortalecer la presencia del Estado de bienestar en un panorama de reorganización de competencias y recursos entre las diferentes administraciones. La apuesta por la colaboración público-privada en este ámbito evidencia la voluntad de optimizar recursos y ofrecer soluciones integrales.

En el contexto actual, la iniciativa se suma a un conjunto de acciones destinadas a promover la inclusión social y la protección de colectivos vulnerables, en línea con los compromisos del Plan Vasco de Inclusión Social y las políticas de envejecimiento activo. El enfoque integral busca consolidar un modelo de sociedad más justa, cohesionada y respetuosa con los derechos de todos sus miembros.