El pasado 11 de diciembre, en Bilbao, Francisco Javier Azpiazu, secretario general de Cebek, levantó la voz contra lo que considera una imposición sindical en la negociación colectiva. Azpiazu destacó la necesidad urgente de "modernizar" los convenios laborales para no comprometer la competitividad de las empresas vascas.

En una entrevista ofrecida a Herri Irratia Radio Popular y difundida por Europa Press, el líder empresarial reflexionó sobre la polarización que han adoptado ciertos sindicatos. Mencionó una inquietante pregunta planteada por Tamara Yagüe, presidenta de Confebask: "¿Qué aporta ELA a nuestro país?".

Azpiazu enfatizó un problema latente en Euskadi, donde algunos líderes sindicales ven la confrontación como la mejor estrategia de relación con los empresarios. Esto contrasta con la situación en el resto de España y Europa, donde las negociaciones suelen ser más colaborativas. "Aquí, el proceso de negociación de un convenio colectivo puede durar hasta dos años. ¿Por qué esta anormalidad?", cuestionó Azpiazu, quien considera que esta realidad es inconcebible en otras regiones.

El secretario general también subrayó que los argumentos de precariedad laboral en Euskadi carecen de fundamento. Afirmó que las estadísticas demuestran lo contrario, como que la comunidad autónoma posee los salarios más altos de España y una de las jornadas laborales más cortas. Además, mencionó que el porcentaje de acción social en el presupuesto de las instituciones vascas es de los más altos del país.

Sin embargo, Azpiazu advirtió sobre la "imposición" que prevalece en las negociaciones, donde se intenta que los empresarios acepten las demandas de los sindicatos sin posibilidad de diálogo. Según su análisis, acudir a la mesa de negociación se ha vuelto frustrante para las plataformas empresariales que desean abordar cuestiones cruciales para su competitividad.

Los convenios, algunos con más de 30 años de antigüedad, están quedando obsoletos y no reflejan las necesidades actuales de flexibilidad de las empresas. Azpiazu advirtió que, sin modernizar estos acuerdos, la competitividad empresarial se verá comprometida, lo que afectará a la sociedad en su conjunto.

En cuanto a las perspectivas económicas, Azpiazu no espera un panorama esperanzador para finales de 2025, citando incertidumbres a nivel global, como la política arancelaria implementada por Donald Trump. Según sus proyecciones, Euskadi podría cerrar el año con un crecimiento de aproximadamente el 2%, 12.000 nuevos puestos de trabajo y una tasa de desempleo alrededor del 6,5%, lo que evidencia tanto la fortaleza como los retos que enfrenta la economía vasca.

Un 30% de las empresas de Bizkaia anticipa un cierre de año peor de lo previsto, reflejando la fragilidad del entorno económico, exacerbada por la crisis que atraviesan Alemania y Francia, socios comerciales clave para Euskadi.

La situación industrial en Europa también está en crisis, lo que repercute directamente en la economía vasca, según Azpiazu. "Si observamos más de cerca, la industria enfrenta serios problemas", aseguró, abogando por una Europa fuerte que dé prioridad a fortalecer su industria.

Defendiendo la identidad industrial de Euskadi, Azpiazu resaltó que la industria representa casi el 40% del valor añadido bruto de la economía, además de contribuir en términos de investigación, innovación y buenos salarios. "Mantener y potenciar nuestra industria es vital para sortear la incertidumbre que vivimos", afirmó.

Azpiazu expresó su confianza en que el tejido empresarial vasco está comprometido con el país y que el Gobierno vasco también ha alineado su Plan industrial con las demandas del sector. Sin embargo, cuando se trata de inversiones, subrayó que no se trata de miedo, sino de factores externos que escapan al control del empresario.

Se refirió a la importancia de seguir siendo un país industrial, ya que solo así se puede garantizar la fortaleza y resistencia económica. Además, instó al reconocimiento del papel fundamental de las empresas en la vida social y económica actual.

Con respecto a la demanda de sindicatos como ELA y LAB por un salario mínimo interprofesional propio en Euskadi, Azpiazu aclaró que no tienen la autoridad legal para fijarlo; esa es competencia del Consejo de Ministros. Reiteró que los salarios se establecen en los convenios colectivos y que el diálogo social debería abordar este asunto en conjunto con otros temas que afectan la competitividad y sostenibilidad, como el absentismo laboral.

El último dato presentado por Azpiazu revela que en Euskadi, la media de días perdidos por IT en 2024 será de 24,5, la cifra más alta a nivel estatal, 30% por encima de la media nacional y un 58% más que en Madrid. Esto sitúa al absentismo entre las preocupaciones más serias del sector empresarial, junto con elevados costos laborales y fiscales.

Destacó que es innegable el impacto del absentismo en la economía y la necesidad de un debate colectivo sobre este problema, algo que afecta a todos los sectores y no se puede ignorar. Azpiazu concluyó advirtiendo que si la tendencia de absentismo no se corrige, las empresas se enfrentarán a serias dificultades en un futuro cercano.