En una manifestación de gran calado, miles de jóvenes se unieron a este movimiento que pide un cambio radical en la política habitacional. La marcha, convocada por la Red de Sindicatos de Vivienda de Euskal Herria, se realizó en Bilbao y logró el respaldo de 220 colectivos sociales y políticos que abogan por transformar el acceso a la vivienda en un derecho universal.

Bajo el lema “Etxebizitza eskubidea bermatu, negozioari ez” (Garanticemos el derecho a la vivienda, no al negocio), los manifestantes iniciaron su recorrido desde la Plaza Elíptica a las 13:00 horas y marcharon hacia la Plaza Arriaga, pasando por importantes arterias de la ciudad. La cantidad de organizaciones participantes, incluyendo ELA, Ezker Anitza-IU y Sumar Mugimendua, refleja la creciente preocupación social por la situación habitacional en la región.

Durante la manifestación, los asistentes expresaron su descontento mediante diversas consignas como "rentistas y empresarios se llevan mi salario" y "no hay derecho a no tener un techo". Estas frases rezuman una profunda frustración con las políticas actuales del Gobierno Vasco y del ejecutivo de Pedro Sánchez, a quienes acusan de no ofrecer soluciones efectivas al problema de la vivienda, limitándose a aumentar el negocio inmobiliario.

Las voceras del evento, Ane Salvador y Karla Paisano, manifestaron su intención de crear un movimiento amplio capaz de garantizar el acceso universal a la vivienda. En su intervención ante los medios, señalaron que es fundamental avanzar hacia un modelo de vivienda gratuito, similar al que se aplica en sanidad y educación, argumentando que la vivienda es un bien básico y esencial para cualquier individuo.

Por otro lado, las organizadoras criticaron la Ley de Vivienda estatal, calificándola de "farsa electoral". Reiteraron que esta legislación, aprobada por el Gobierno de coalición durante la anterior legislatura, no ha cumplido con las promesas y ha dejado entrever serias carencias en su implementación, especialmente en lo que respecta a la supuesta prohibición de los desahucios. A pesar de la existencia de un decreto ley que busca suspender estos procesos hasta 2028, afirmaron que los desahucios continúan ocurriendo a diario, lo que evidencia un desencuentro entre las políticas anunciadas y la realidad palpable en la sociedad.

Salvador y Paisano indicaron que la inconsistencia en las acciones políticas puede llevar a una peligrosa desmovilización social, destacando la necesidad de no ocultar problemas sociales a través de medidas superficiales. Aportaron una crítica contundente sobre cómo, a pesar de los distintos discursos en tiempos electorales, una vez en el poder, los partidos adoptan posturas similares que perpetúan el modelo de financiación del rentismo y favorecen a los propietarios frente a las necesidades de la ciudadanía.

Asimismo, denunciaron que no se ha aprendido de la crisis inmobiliaria de 2008 y subrayaron la urgencia de estructurar un movimiento capaz de provocar cambios reales y significativos, considerando que la vivienda ha sido históricamente entendida como un mero negocio. Apuntaron que la solución no radica en financiar este tipo de negocio, sino en colocar la vivienda al servicio de necesidades colectivas.

Las voceras también expusieron sus preocupaciones sobre el uso turístico de las viviendas, que se ha transformado en un refugio para la especulación. Esta realidad ha permitido a propietarios, tanto grandes como pequeños, garantizar beneficios económicos a través del alquiler turístico. Esto, señalaron, es un factor que ayuda a inflar los precios de la vivienda, generando la percepción de escasez a pesar de que en Hego Euskal Herria hay más de 70.000 viviendas vacías y 9.000 destinadas al uso turístico.

Ante esta situación, hicieron un llamado a modificar el enfoque del debate, sugiriendo que en lugar de hablar de una falta de oferta, es mejor centrar la discusión en "el uso que se les está dando a los recursos disponibles". La manifestación fue un claro indicador de que la lucha por el derecho a la vivienda sigue siendo un tema candente y una prioridad para una parte considerable de la población vasca.