El Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite) ha reaccionado ante la noticia de que siete candidatos de EH Bildu condenados por delitos de sangre renunciarán a postularse para cargos públicos tras las elecciones del 28 de mayo. Consuelo Ordóñez, presidenta de la asociación de víctimas, ha celebrado que los “asesinos” no ocuparán puestos públicos y ha criticado que otros 37 candidatos condenados por vínculos con ETA no hayan seguido el mismo camino.

Ordóñez ha considerado la renuncia de los siete candidatos como una victoria “no de la democracia, sino de una modesta asociación de víctimas como Covite, que ha sido quien ha denunciado esta inmoralidad”. Sin embargo, ha calificado de “cinismo puro” que los candidatos asesinos hayan renunciado para contribuir a la paz y la convivencia, cuando “impregnaron de odio y de fanatismo cada recoveco de la vida pública en el País Vasco y Navarra”.

Covite ha censurado que otros 37 candidatos de EH Bildu condenados por pertenencia a ETA no hayan seguido el ejemplo de los asesinos renunciantes. La asociación de víctimas ha acusado a la izquierda abertzale de tomar esta decisión por “un cálculo estratégico” en vez de una reflexión ética.

“Que dejen de llamar presos políticos a los asesinos de nuestros familiares; que dejen de exigir su impunidad en multitudinarias manifestaciones; que saquen a ETA del espacio público, no solo de las listas electorales, sino también de las calles; que dejen de promover pintadas y pancartas de exaltación a ETA, y que dejen también de homenajear en público a etarras fallecidos”, ha pedido Ordóñez.

Covite ha lamentado que “todos los miembros del Gobierno” hayan “tardado días en denunciar la ignominia de las listas electorales de EH Bildu” y que, cuando lo han hecho, hayan aprovechado para atacar a los partidos de la derecha por 'traer' a ETA a la campaña electoral. La asociación de víctimas ha exigido respeto a su independencia política y a su trayectoria de 25 años.

La noticia surge tras la decisión de EH Bildu de permitir la participación de candidatos condenados por pertenecer o colaborar con ETA en las elecciones municipales. La medida ha despertado críticas de asociaciones de víctimas y partidos políticos, así como la respuesta del Gobierno, que anunció la aplicación de medidas legales para evitar que los condenados asuman cargos públicos.