VITORIA, 17 de noviembre. La clínica Askabide, ubicada en Vitoria-Gasteiz, se ha visto envuelta en una controversia tras las denuncias de varias pacientes que afirman haber sufrido presiones y acosos por parte de un grupo de manifestantes antiabortistas. Las concentraciones, que tuvieron lugar entre septiembre y noviembre de 2022, se llevaron a cabo frente a este centro médico, donde se realizan interrupciones voluntarias del embarazo.

The caso ha llegado a los tribunales y en el juzgado penal número 1 de la ciudad alavesa se ha iniciado el juicio contra 21 individuos que participaron en dichas protestas. El Ministerio Público ha solicitado una pena de cinco meses de prisión por coacciones, aunque estos castigos podrían ser conmutados por trabajos comunitarios, a raíz de las actuaciones que entorpecieron el derecho de las mujeres a decidir sobre sus embarazos y el funcionamiento del personal de la clínica.

Por otro lado, la defensa de los acusados ha argumentado a favor de su absolución, sosteniendo que las concentraciones fueron simplemente actos de oración y exhibición de pancartas, en virtud de su derecho a la libertad de expresión, sin afectar de manera directa a las pacientes que visitaron el centro.

En la primera sesión de este procedimiento judicial, se han presentado las declaraciones de 17 testigos, incluyendo a dos mujeres que fueron pacientes durante el período en que se desarrollaron las protestas. Ambas narraron experiencias de acoso, intimidación y miradas señaladoras por parte de los manifestantes, quienes se congregaban con carteles que portaban mensajes como '40 días por la vida' y rezando el rosario. Una de las afectadas describió cómo, al ser abordada directamente por los manifestantes, se sintió completamente vulnerable y decidió no volver a la clínica.

La otra paciente testificó sentirse incómoda al observar a las personas rezando y mostrando carteles desde la acera opuesta al centro de salud. Aunque no fue abordada directamente, expresó que la presencia de los concentrados podría haberle influido negativamente si hubiera tomado la decisión de interrumpir su embarazo, subrayando lo desagradable que resulta esa situación en un momento tan delicado.

El director de la clínica Askabide también ha dado su testimonio, enfatizando el constante clima de coacción al que eran sometidos tanto los trabajadores como las pacientes por parte de los manifestantes. Describió cómo el grupo se organizaba para rezar y mostrarse durante largas horas, generando un ambiente intimidante cada vez que alguien intentaba acceder al lugar.

Relató que los manifestantes utilizaban frases provocativas como "asesino" mientras miraban a las pacientes, lo que sin duda acarrea un impacto psicológico significativo en mujeres que ya atraviesan situaciones complicadas. En un caso concreto, una mujer que acababa de interrumpir su embarazo regresó visiblemente afectada al ver a los manifestantes.

Además, se han reportado solicitudes de anulación de citas por parte de pacientes que no querían enfrentarse al acoso de los grupos de protesta. Según el gerente, la presión psicológica ha sido lo suficientemente severa como para provocar cuadros de ansiedad en algunas mujeres, dificultando su acceso al servicio.

El propio director de la clínica ha expresado su decepción al ver que, a pesar de las denuncias y de la modificación de la ley para controlar las manifestaciones, las concentraciones no cesaban. Aseguró que el 95% de las interrupciones realizadas en su centro son derivadas por el servicio público de salud Osakidetza, argumentando la importancia de mantener un entorno seguro y sereno para las pacientes que requieren estos servicios.

Con el tiempo, las manifestaciones se han reubicado a una plaza cercana, algo que ha sido recibido con alivio tanto por parte del personal de la clínica como de las pacientes. 'Hacer sus protestas allí les permite estar más alejados de las personas que simplemente desean acceder a nuestros servicios', concluyó el responsable del centro.

Una extrabajadora de la clínica también compartió su experiencia, señalando que su trabajo fue objeto de juicio público por parte de estos manifestantes, lo que la llevó a sentir incomodidad e inseguridad. Resaltó que había pacientes que acudían llorando, ya que tomar la decisión de interrumpir un embarazo es siempre doloroso y complicado, y no debería ser exacerbado por la hostilidad externa.

Durante la sesión, también prestaron declaración varios agentes de la Policía Local y de la Ertzaintza que fueron llamados para atender las concentraciones, reiterando su carácter pacífico y resaltando que los participantes estaban rezando y mostrando carteles, sin que se registraran incidentes que interrumpieran el orden público.

Los próximos días del juicio se centrarán en el análisis de videos presentados por la defensa y el interrogatorio a los acusados. Se prevé que, para el jueves, se presenten las conclusiones finales, finalizando así este caso que ha generado un debate profundo y polarizado sobre el derecho al aborto y la libertad de expresión en espacios públicos.