Un grupo criminal que operaba a nivel internacional ha sido desarticulado por las autoridades, después de que se descubriera que estaba involucrado en el tráfico de personas, especialmente cubanos, desde su país hacia España a cambio de sumas elevadas de dinero.

Según fuentes de la Policía Nacional, en colaboración con Europol y Eurojust, esta organización tenía ramificaciones en varios países, incluyendo España, Serbia, Macedonia del Norte y Grecia. Los migrantes cubanos realizaban vuelos a Serbia, donde eran trasladados en vehículos hacia Grecia para posteriormente abordar un nuevo avión que los llevaría a España. Se estima que al menos 67 ciudadanos cubanos lograron ingresar en el país de forma clandestina a cambio de cerca de 10.000 euros por persona.

Hasta el momento, se han llevado a cabo 36 detenciones en diversas provincias españolas. Entre los arrestados se encuentran cuatro líderes de la organización criminal, quienes han sido encarcelados de manera provisional mientras se continúa con la investigación.

La investigación, que está bajo la supervisión del Juzgado Central de Instrucción número dos y impulsada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, se inició en enero de 2023. Este procedimiento fue desencadenado cuando autoridades alemanas informaron a la Policía Nacional de la detención de una cubana en uno de sus aeropuertos; esta mujer viajaba desde Belgrado a Madrid y portaba un DNI español que había sido robado.

A raíz de esta información, los investigadores españoles pudieron desenterrar la existencia de un grupo especializado en el tráfico ilegal de ciudadanos cubanos, que captaba a los migrantes en Cuba a través de una página web que aparentaba ser una agencia de viajes legal.

Los migrantes eran trasladados hasta Belgrado, a menudo haciendo escala en Frankfurt, Alemania. Una vez en Serbia, el grupo criminal organizaba su traslado terrestre hasta Grecia, empleando casas de seguridad controladas por la red durante el viaje. Este trayecto era realizado por "conductores piratas" y "coyotes" que facilitaban de manera clandestina los cruces fronterizos, a menudo poniendo en grave riesgo la vida de los migrantes, quienes viajaban en los maleteros de vehículos que circulaban a alta velocidad.

Al llegar a Grecia, la organización proporcionaba a los migrantes documentos falsos o, en algunos casos, documentos españoles auténticos que se empleaban mediante el método conocido como "look alike". Gracias a este procedimiento, lograban finalmente abordar vuelos desde Atenas hacia España.

Durante el transcurso de la investigación, se han documentado hasta 40 casos de favorecimiento de la inmigración ilegal, a través de los cuales al menos 67 migrantes cubanos habrían ingresado de manera clandestina a España a cambio de fuertes sumas de dinero, cercanas a los 10.000 euros por persona.

Entre los detenidos, los cuatro líderes de la organización desempeñaban funciones críticas dentro de la misma. Dos de ellos estaban a cargo de la captación de migrantes y de la obtención de los billetes y cartas de invitación necesarias para su acceso a Serbia. Los otros dos eran responsables de coordinar la ruta terrestre entre Serbia y Grecia, así como de facilitar los documentos de identidad con los que los migrantes viajaban de Grecia a España haciéndose pasar por ciudadanos españoles.

Para recibir el dinero de los migrantes, los cabecillas habían establecido una compleja red de cuentas bancarias en Bélgica, muchas de las cuales habían sido abiertas con documentación falsa en un intento por obstaculizar una posible investigación. Sin embargo, gracias a la cooperación jurídica internacional, las autoridades han podido localizar, bloquear y embargar estas cuentas.

Los cuatro líderes del grupo delictivo fueron arrestados en las provincias de Alicante y Málaga. Las otras 32 personas detenidas actuaban como intermediarios entre la organización y los migrantes; sus arrestos se llevaron a cabo en diferentes provincias del país, incluyendo Alicante, Barcelona, Las Palmas y Madrid, entre otras.

Por último, en el operativo final se llevaron a cabo tres registros domiciliarios en Alicante y Málaga, donde las autoridades encontraron 7.550 euros en efectivo, así como importante material informático y documentación crucial para el avance de la investigación.