La Guardia Civil ha llevado a cabo una importante operación en la localidad navarra de Caparroso, que ha resultado en la detención de cuatro individuos involucrados en la explotación laboral de un hombre de Barakaldo (Bizkaia) durante un periodo alarmante de 17 años. Esta organización criminal se benefició de más de 100.000 euros en prestaciones solicitadas en nombre de la víctima.

El Ministerio del Interior ha revelado que la denominada operación "Lucendi" ha desmantelado una red dedicada a la trata de personas con fines de explotación laboral. La investigación ha puesto al descubierto un caso de abuso y explotación extrema que resalta las problemáticas de la trata de seres humanos en nuestra sociedad.

Las cuatro personas arrestadas han sido acusadas de desempeñar un papel fundamental en esta explotación prolongada. La familia del hombre afectado había denunciado su desaparición en 2009, afirmando que habían perdido el contacto con él en 2003 y mencionando que este sufría problemas de salud y dificultades económicas.

La situación dio un giro significativo en marzo del año en curso, cuando la Guardia Civil, en el marco de la operación conocida como "investigación Desbizca", logró localizar al hombre en Caparroso. Se había estado trasladando con una familia de feriantes desde 2007. Durante las indagaciones, los agentes descubrieron que, si bien el individuo recibía prestaciones como el subsidio por desempleo y la pensión, era controlado fuertemente por terceros, quienes retiraban los fondos a su nombre.

Al retomar contacto con su hija, la víctima dejó claro su deseo de abandonar la familia con la que convivía, alegando que lo trataban como a un esclavo. Denunció que se le prohibían las visitas y que cualquier comunicación con su descendencia estaba siempre limitada por excusas inverosímiles.

Las condiciones de vida de la víctima eran desoladoras. Se encontraba obligado a realizar tareas de limpieza y mantenimiento, levantándose antes que los demás para cumplir con sus responsabilidades, todo ello sin recibir compensación alguna. Además, no gozaba de acceso adecuado a la comida, siendo forzado a alimentarse solo con bocadillos y separándose del resto en cada comida.

Las condiciones de su alojamiento eran igualmente deprimentes; dormía en la parte delantera de un camión y no podía acceder a las habitaciones de la familia, salvo para hacer limpieza. El baño del remolque estaba reservado exclusivamente para el uso de este clan, por lo que debía ducharse en público y hacer sus necesidades en un lugar apartado.

Sus condiciones de vida empeoraban aún más, ya que en el garaje de la vivienda que poseían en Portugal, donde también se alojaba, el hombre era tratado como un paria, sin acceso a entretenimiento ni comunicación. Estaba limitado en sus movimientos y debía justificar cada gasto que realizaba.

Además, la víctima relató haber sufrido intimidaciones y maltratos por parte de algunos miembros de la familia que lo explotaban. No solo le habían negado el acceso a su documentación personal, sino que él mismo desconocía que estaba recibiendo una prestación económica a su nombre durante todos esos años. Las autoridades estiman que los detenidos se han beneficiado de cantidades que superan los 100.000 euros a través de las prestaciones ilegítimas.

Como resultado de estos abusos, el pasado 20 de noviembre, se llevaron a cabo registros en varios domicilios y un camión vivienda en Caparroso, donde se incautaron más de 120.000 euros en efectivo, la cartilla bancaria de la víctima y documentos relativos a las prestaciones que habían solicitado en su nombre, junto con sus pertenencias personales.

Las intervenciones también permitieron la confiscación de dos teléfonos móviles para su análisis. Entre las evidencias de la trata de personas, se destaca que la documentación de la víctima estaba bajo llave y bajo control de uno de los detenidos, y que su alojamiento presentaba condiciones de insalubridad, con escasas pertenencias y resignada a una existencia miserable.

Este caso ilustra la dependencia total que la víctima tenía de esta organización delictiva, que le proporcionaba alimentos y, en ocasiones, ropa usada. La localización de su residencia, alejada de la comunidad, añadía un nivel de aislamiento que contribuía a su total sujeción.

Las detenciones de estas cuatro personas, todas vinculadas a la misma familia, se han llevado a cabo bajo acusaciones de trata de seres humanos, pertenencia a organización criminal y fraude por la manipulación del suministro eléctrico. La Unidad Orgánica de Policía Judicial de Bizkaia dirige esta investigación, que está bajo el escrutinio del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 1 de Tafalla, así como de la Fiscalía de la Comunidad Foral de Navarra.

La policía navarra, junto a otros equipos especializados, continúa con las indagaciones, y no se descarta la posibilidad de más detenciones en relación a este caso de tan graves implicaciones sociales.