Detenido un individuo y 15 bajo investigación por explotación sexual infantil, entre ellos dos de Bizkaia.
Las investigaciones iniciadas por la Guardia Civil de Albacete siguen su curso tras la alarma generada por la denuncia de una madre preocupada por el bienestar de su hija adolescente. La operación, conocida como 'Worldpsex', ha resultado en la detención de un individuo de 29 años, originario de Madrid, quien es acusado de varios delitos graves, incluyendo la corrupción de menores con fines pornográficos, amenazas y extorsión a través de una popular aplicación de mensajería instantánea de origen turco.
La información proporcionada por la Guardia Civil revela que, además del detenido, hay 15 personas que están bajo investigación, localizadas en diversas provincias como Málaga y Sevilla. Estas personas están siendo indagadas por supuestas actividades de 'child grooming', un delito que implica el contacto en línea con menores con el objetivo de conseguir que compartan contenido sexualmente explícito, incluyendo imágenes, videos y audios, así como la realización de videollamadas de contenido similar.
El detonante de esta compleja red de delitos fue la denuncia presentada por una madre en Albacete, quien observó que el teléfono móvil de su hija, de apenas 12 años, contenía material pornográfico. Este hecho alarmó a la madre, quien decidió acudir a las autoridades para proteger a su hija de posibles peligros en la Red.
Una vez que la denuncia fue recibida, el Equipo de Investigación Tecnológica (Edite) de la Guardia Civil se encargó de la investigación. Los especialistas comenzaron a recopilar, analizar y proteger los datos relevantes, teniendo como objetivo esclarecer la situación y proteger a la menor involucrada.
A través del análisis del dispositivo móvil, se descubrió que la menor se había registrado en la aplicación controvertida, donde había compartido una imagen de sí misma junto a otra amiga. Esta imagen se viralizó rápidamente, lo que generó que 56 usuarios, aprovechando el uso del anonimato que brinda la aplicación, se pusieran en contacto con la menor para intentar involucrarla en actividades de sexting. La táctica utilizada incluía el envío de contenido pornográfico, lo que ciertamente puso a la joven en una situación de vulnerabilidad.
La investigación puesta en marcha por el Edite logró demostrar que ciertos usuarios alcanzaron su objetivo vil de acercamiento comercializando videollamadas que incluían contenido sexual explícito. Esta situación pone de manifiesto los riesgos que enfrentan los menores en entornos digitales, donde personas malintencionadas pueden camuflarse con fácilidad.
A pesar de los intentos de los sospechosos por utilizar técnicas para ocultar su identidad y evitar ser rastreados, los expertos guardias civiles lograron identificar y recopilar información precisa sobre varios de los implicados. Uno de los arrestados incluso creó múltiples perfiles en la aplicación para engañar a la víctima, haciéndole creer que había varias personas interesadas en contactar con ella.
Con astucia, este individuo logró que la menor le enviara archivos multimedia de contenido sexual. Después de haber obtenido material comprometedor, comenzó a amenazarla, exigiendo que le enviara contenido aún más explícito, bajo la amenaza de difundir las imágenes que ya le había enviado a otros usuarios si se negaba a sus exigencias. A través de múltiples videollamadas de acoso sexual, llevó a cabo un acercamiento inaceptable a la menor.
Como resultado de esta operación policial, las autoridades han realizado una investigación exhaustiva sobre un total de 15 personas en varias provincias españolas, incluidas Barcelona, Bilbao, Burgos, Cuenca y Ciudad Real, entre otras. Esta labor ha requerido la colaboración de diferentes unidades de Policía Judicial de distintas regiones, lo que resalta el compromiso de las fuerzas del orden frente a este tipo de delitos que atentan contra la integridad de los menores.
Finalmente, las diligencias realizadas por el Edite han sido remitidas al Juzgado de Instrucción Número 3 en Hellín, donde las autoridades judiciales continuarán con el proceso para garantizar que se haga justicia y proteger a los menores de estos ataques en el ámbito digital.
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