El Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia ha decidido avanzar en un nuevo proyecto de norma foral que tiene como meta la revisión del sistema fiscal, el cual deberá ser tramitado en las Juntas Generales. La intención es que este proceso concluya exitosamente en los primeros meses de 2025.

Este proyecto abarca una serie de modificaciones que impactarán diversas figuras impositivas en el ámbito tributario. Desde la Diputación se han enfatizado estas medidas como respuestas a las necesidades de los ciudadanos de Bizkaia, al mismo tiempo que se posicionan como acciones necesarias ante los retos que enfrenta el territorio.

Dentro de los retos que se buscan abordar con esta revisión se encuentran aspectos demográficos, la implementación de una fiscalidad verde, la igualdad de género, y la protección de los contribuyentes con ingresos más bajos, así como el apoyo a los jóvenes, la conciliación laboral y familiar, el acceso a vivienda, y la atención a las pensiones.

Las tres diputaciones de la comunidad vasca anunciaron en noviembre pasado su intención de llevar a cabo una revisión fiscal de forma armonizada, tras llegar a un acuerdo entre el PNV y el PSE-EE, que forman coalición en las tres instituciones.

En Bizkaia, finalizado el período de exposición pública, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde al proyecto de norma foral que revisará el sistema tributario. La Diputación ha cumplido así su compromiso de tener esta norma aprobada antes de que finalice el presente año.

El próximo paso consiste en enviar el proyecto a las Juntas Generales de Bizkaia, donde PNV y PSE-EE cuentan con una mayoría cómoda. A pesar de esto, el Gobierno foral ha reiterado su disposición para entablar negociaciones con los partidos de la oposición con el fin de ampliar los apoyos hacia la propuesta.

Las expectativas son altas, y se prevé que la nueva norma que regulará esta revisión fiscal sea aprobada durante el primer trimestre de 2025. El contenido del proyecto abarca seis áreas clave: familia, igualdad, conciliación, juventud, vivienda, previsión social del empleo, y sostenibilidad medioambiental, entre otros.

Entre las medidas más relevantes del proyecto se propone continuar promoviendo la cohesión social y la progresividad del sistema tributario. Para lograr esto, se establece la obligación de declarar en el IRPF a partir de unos ingresos de 19.000 euros anuales, cifra que, según el Gobierno foral, está notablemente por encima del Salario Mínimo Interprofesional de 15.876 euros que se aplicará en 2024.

Además, se plantean incrementos significativos en las bonificaciones laborales, lo que representa una mejora en la tributación para aquellos con menores ingresos.

El proyecto también incluye medidas fiscales que buscan alcanzar una igualdad real y efectiva, priorizando la conciliación y la distribución justa de responsabilidades entre el ámbito profesional y familiar, según lo declarado por la Diputación.

Asimismo, se opta por la discriminación positiva hacia la mujer, aumentando los porcentajes de deducción y reducción para fomentar su involucramiento en el ámbito empresarial y económico, así como para visibilizar las diferentes unidades convivenciales.

Entre las nuevas iniciativas, se contempla una deducción de 1.200 euros para mujeres y de 1.500 euros para hombres que se reincorporen al mercado laboral tras haber cuidado a menores de tres años, ya sea tras una excedencia o una reducción de jornada.

También se incluirán deducciones en el Impuesto sobre Sociedades para aquellas empresas que implementen nuevas medidas de conciliación que superen lo que la ley estipula.

En lo que respecta a vivienda, se prevé impulsar el arrendamiento a través de incentivos fiscales diseñados para incrementar la oferta de alquiler asequible. Se mejorará el tratamiento fiscal para los arrendadores que ofrezcan su vivienda como habitual al inquilino, con medidas que incrementarán los beneficios en caso de intermediación pública o en áreas de alta demanda.

Por otro lado, se buscará facilitar la emancipación de los jóvenes menores de 36 años aumentando el plazo de las cuentas vivienda de 6 a 10 años, eliminando el límite de inversión de 8.500 euros en la adquisición de vivienda en el primer año, y elevando las deducciones por alquiler, así como permitiendo la aplicación de deducciones no utilizadas en los cinco ejercicios fiscales siguientes.

Para revitalizar el parque inmobiliario, se permitirá a los propietarios que realicen deducciones por la rehabilitación de viviendas protegidas, siempre y cuando estas estén destinadas a alquiler habitual.

En otro ámbito, la norma foral busca incentivar los sistemas de previsión social complementaria de empleo, estableciendo un nuevo marco tributario que apoye y facilite ese objetivo. Se actualizará el tratamiento fiscal para fomentar que las prestaciones se cobren en forma de renta y se incentivará las aportaciones cualitativas, ofreciendo mayores beneficios para quienes hagan aportaciones más altas.

Además, se proponen nuevas deducciones para obras que mejoren la eficiencia energética de las viviendas, tanto para las residencias habituales como para las de alquiler, enfocándose en la reducción de la demanda de calefacción y refrigeración y en la mejora en el consumo de energía no renovable.

El proyecto incluye deducciones del 5% o del 10% en el IRPF para la compra de vehículos nuevos de cero emisiones, así como un 15% por la instalación de puntos de recarga.

También se consideran deducciones en el Impuesto de Sociedades por inversiones y gastos relacionados con el desarrollo sostenible y la mejora del medio ambiente, así como un incremento de deducciones en I+D que estén alineadas con nuevas fuentes de energía.

Con el fin de promover la tan mencionada 'transición verde', se prevé la inclusión de incentivos adicionales en la tributación local.

Otro objetivo clave de la propuesta es la "protección e impulso" del tejido productivo, que busca consolidar el forfait para microempresas en un 15%. En cuanto a las micros y pequeñas empresas, se eliminará el límite del 70% de la base imponible positiva previa para compensar las bases imponibles negativas.

En el contexto de las cooperativas, y con el fin de favorecer el acceso a la vivienda, se acogerán como especialmente protegidas aquellas cooperativas cuyo propósito sea el uso y disfrute de las mismas, bajo un régimen de cesión de uso.