El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha instado a las empresas de transporte escolar a cumplir con la orden del Departamento de Educación, a menos que los tribunales administrativos o judiciales dictaminen lo contrario. En una rueda de prensa, Zupiria se refirió a la decisión de los operadores de transporte escolar de rechazar la prestación del servicio y apelar la orden de ejecución forzosa en los centros públicos.
Según el Gobierno vasco, las empresas prestadoras del servicio de transporte escolar están legalmente obligadas a cumplir con la orden del Departamento de Educación. Zupiria destacó la importancia de este servicio para garantizar el derecho a la educación de los estudiantes de la Comunidad Autónoma Vasca y enfatizó que las empresas deben cumplir con esta responsabilidad.
Si bien las empresas tienen el derecho de apelar la orden en instancias administrativas y judiciales, Zupiria advirtió que mientras tanto deben acatarla y cumplirla. Además, señaló que la legislación contempla sanciones para el incumplimiento de las leyes y regulaciones.
El portavoz del Gobierno vasco destacó que este conflicto ha estado presente durante cuatro años y que en el período comprendido entre 2020 y el presente, las empresas de transporte han presentado 27 recursos que han sido rechazados en términos económicos. La OARC ha sido la encargada de rechazar estos recursos y asegurar el cumplimiento de los contratos de la administración pública.
Zupiria también mencionó los incrementos significativos en el costo del servicio de transporte escolar en los años anteriores, así como las cantidades adicionales para hacer frente al aumento en los precios de los combustibles. Ante la falta de soluciones, el Departamento de Educación ha decidido asumir el coste real del servicio, además de añadir un 6% de beneficio industrial, con el objetivo de resolver esta situación.
A pesar de los esfuerzos del Gobierno Vasco por resolver este conflicto desde 2020, Zupiria reiteró la obligación de cumplir con la orden del consejero de Educación mientras esté en vigor, a menos que los tribunales determinen lo contrario. En cuanto a las ayudas para las familias afectadas, el procedimiento aún no ha sido determinado, pero se busca que sea simple y ágil.