En un reciente encuentro con los medios en San Sebastián, la coalición EH Bildu ha expresado su indignación ante lo que consideran una hipocresía en la respuesta de las autoridades a diferentes tipos de vandalismo. El partido ha criticado la rápida reacción de algunos sectores para condenar una pintada menor en un contenedor de pilas, mientras que hay un notable silencio sobre un informe del Comité de Derechos Humanos de la ONU que revela la existencia de tortura sistemática en España, una situación que se mantiene impune.

Arkaitz Rodríguez, secretario de Acción Política de EH Bildu, destacó en su intervención la relevancia del informe de la ONU, que solicita al Gobierno español iniciar investigaciones sobre denuncias de tortura. Según su valoración, este documento es de carácter "crucial e histórico" y pone de manifiesto que la tortura no solo ha sido común en la sociedad española, sino que los perpetradores siguen sin enfrentar consecuencias.

Rodríguez también subrayó que el informe muestra la falta de acciones por parte del Estado español, a pesar de que se han documentado más de 5,000 casos de torturas en los últimos 50 a 60 años, tanto por el Gobierno Vasco como por el navarro. Este panorama ha sorprendido a la ONU, que no puede comprender por qué no se ha llevado a cabo ninguna investigación seria sobre estas cuestiones tan graves.

El líder de EH Bildu hizo hincapié en que es incomprensible que continúen vigentes leyes como la amnistía de 1977, que en su opinión, simplemente han servido para otorgar impunidad a aquellos involucrados en crímenes durante la dictadura franquista. Rodríguez advirtió que también persisten otras normativas de origen franquista, como la ley de secretos oficiales, lo que refleja una falta de evolución en la legislación del país.

Finalmente, el partido soberanista lamentó el desinterés de la clase política española ante el informe de la ONU y consideró "realmente escandaloso" el silencio que ha seguido a su publicación. De acuerdo con Rodríguez, en cualquier otra nación europea, un hecho de tal calibre habría resultado en dimisiones o exigencias de responsabilidad inmediata, algo que no se ha visto en el Estado español, lo que considera inaceptable.