El próximo martes, el Congreso de los Diputados anticipa una sesión cargada de controversia, en un momento en que el PSOE ha decidido interrumpir la tramitación de la ley de alquileres de temporada, lo que añade tensión a la agenda legislativa.

En este contexto, Oskar Matute, portavoz económico de EH Bildu, ha hecho un llamado al Ejecutivo para que respalde su iniciativa legislativa destinada a prohibir a las plataformas de alquiler el anuncio y la contratación de alojamientos turísticos que carezcan de la debida licencia o número de registro.

Matute sostiene que esta ley, que será sometida a votación en el pleno del Congreso, busca abordar el "fenómeno desmedido" de los alojamientos turísticos, que, según afirma, ha llevado a la gentrificación y al desplazamiento de los residentes en varias áreas urbanas, al tiempo que favorece el turismo masivo.

La formación abertzale argumenta que los gobiernos locales y autonómicos enfrentan serias dificultades para gestionar la proliferación de apartamentos ilegales, ya sea por limitaciones económicas o por una actitud permisiva que ha permitido que los arrendadores sigan operando sin licencia.

Ante esta problemática, EH Bildu propone un régimen de sanciones severas, que podrían alcanzar hasta un millón de euros para aquellos que permitan el alquiler de viviendas turísticas sin los permisos necesarios. Esta medida también incluiría la obligación de identificar al anfitrión para evitar la contratación anónima.

“Es imprescindible frenar la expansión de los pisos turísticos ilegales en plataformas digitales”, ha manifestado Matute en declaraciones a medios, resaltando la necesidad de regular el sector para que los que se beneficien de estos alquileres lo hagan dentro del marco legal, cumpliendo con las licencias e estándares de calidad.

El diputado ha instado al Gobierno a anticiparse a esta crisis regulando la publicidad de dichos alojamientos en las plataformas digitales. "Debemos ser proactivos en la solución de este problema", ha subrayado Matute.

En cuanto a las negociaciones con otros grupos parlamentarios, Matute se ha mostrado optimista, señalando que hay una cierta apertura por parte de los partidos a considerar su propuesta, que no está desligada de una ideología específica.

A pesar de sus expectativas positivas, el portavoz reconoce que los debates en el Pleno pueden a veces desviarse por intereses ajenos a las propuestas discutidas. El PSOE, consultado al respecto, aún no ha establecido una postura definitiva sobre la ley.

Es importante señalar que el martes solo se presentará la votación sobre la admisión a trámite de esta propuesta, y si se aprueba, se abrirá el período para que los grupos presenten enmiendas, lo cual podría prolongarse debido a la mayoría del PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso.

El último debate relevante sobre legislación de vivienda se centró en una propuesta para regular los alquileres de temporada, promovida por varias fuerzas políticas, que está estancada desde que fue admitida a trámite en diciembre.

Matute ha declarado no entender la dificultad para abordar la regulación de los alquileres de temporada, que él considera una "salida" a las restricciones de la Ley de Vivienda vigente desde 2023.

En su opinión, es imprescindible establecer límites a estos alquileres, pues considera que los arrendadores aún podrían obtener beneficios dentro de "marcos razonables".

En paralelo, ERC planea presentar en el pleno un proyecto que incluye un conjunto de medidas para enfrentar la crisis de vivienda, como un nuevo impuesto para propietarios de múltiples viviendas y regulaciones para frenar la especulación inmobiliaria.

La propuesta de ERC también aboga por una agenda legislativa que garantice recursos a administraciones locales y autonómicas, estableciendo un objetivo claro de aumentar el acceso a vivienda protegida en un horizonte de tres años.

Finalmente, ERC sugiere implementar un IVA del 21% sobre los alojamientos turísticos y revisar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles para facilitar a los municipios la posibilidad de imponer recargos a grandes tenedores, sumando así un frente más en la lucha contra la especulación en el sector inmobiliario.