En una reciente declaración, el portavoz adjunto del PNV en el Congreso, Oskar Matute, ha defendido firmemente la necesidad de que el escudo social se mantenga y se amplíe, prohibiendo tanto los desahucios como los cortes de suministros básicos, como luz y agua, para aquellas personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

En su intervención, Matute se refirió al nuevo impuesto que el Consejo de Ministros tiene previsto presentar el próximo lunes, el cual se dirige a las empresas energéticas. Considera que este impuesto no debe ser una versión atenuada, o "descafeinada", de lo que ya se había aprobado en años anteriores, sugiriendo que PNV y Junts no deberían ceder ante las presiones que piden una modificación del mismo.

El diputado del PNV enfatizó que el nuevo gravamen responde a un acuerdo impulsado por partidos de izquierda como EH Bildu, ERC y BNG, y que debe seguir el mismo hilo conductor que regulaba el impuesto anterior. Matute subrayó que, de acuerdo a su postura, la lógica de esta medida reside en una mayor contribución fiscal por parte de aquellos que más tienen, en este caso, las energéticas, que reportaron beneficios significativos durante el primer semestre de 2024.

A su juicio, es absolutamente incoherente que las empresas energéticas se exoneren de pagar impuestos en un contexto donde los servicios públicos dependen de los recursos económicos generados por la tributación. Matute argumentó que la sostenibilidad del estado del bienestar exige el esfuerzo equitativo de todos los ciudadanos, particularmente de aquellos que cuentan con mayores ingresos.

Por otro lado, Matute analizó la coalición de fuerzas políticas que ha surgido en torno a este asunto, en la cual el PP se alía con partidos como Junts y el PNV. Según él, este alineamiento no es sorprendente, ya que refleja una tendencia histórica en la política que enfrenta a las propuestas de izquierda contra las de derecha, señalando cómo las políticas conservadoras han encontrado puntos en común.

El portavoz también criticó la disparidad fiscal que permite a altos ejecutivos de grandes corporaciones pagar menos impuestos que la ciudadanía promedio, lo cual considera inaceptable desde un punto de vista de justicia fiscal y ética ciudadana. Insiste en que no debe existir un trato preferencial para aquellos que obtienen grandes dividendos a expensas de la equidad social.

Respecto al futuro decreto que se debatirá, Matute aboga por que este esté alineado con los intereses de las mayorías sociales—es decir, garantizando el acceso a servicios públicos de calidad y el derecho a la vivienda digna—y no a los intereses de las élites empresariales. Destacó la importancia de que el nuevo escudo social impida desahucios a personas sin alternativas habitacionales y que se asegure la continuidad de los suministros básicos para aquellos en riesgo social.

Ante los recientes enfrentamientos políticos, Matute no se mostró sorprendido, señalando que las disputas políticas son inherentes al funcionamiento del sistema. Sin embargo, aboga por un enfoque más constructivo que evite la polarización y busque soluciones para los problemas de la ciudadanía.

Finalmente, reafirmó su esperanza de que el gobierno cumpla con su compromiso de implementar medidas claras dentro del decreto, enfatizando no sólo la prohibición de desahucios, sino también la garantía de suministro de agua y luz para las personas en situaciones vulnerables. Matute concluyó afirmando que es esencial elaborar un escudo social robusto que no deje a nadie atrás y que priorice a los más necesitados.