El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado el proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda con un respaldo de 176 votos que representan la mayoría absoluta del hemiciclo, frente a 167 en contra. La norma, que llevaba en el Congreso bloqueada más de un año, pasará ahora al Senado, con el objetivo de que se acelere su tramitación para que entre en vigor antes de las elecciones del 28 de mayo.

El proyecto de ley cuenta con medidas que impondrán nuevos límites a la subida del precio del alquiler en toda España, permitirán rebajar la figura de gran tenedor de vivienda de diez a cinco inmuebles en determinados casos, e impedirán a estos propietarios desahuciar a inquilinos vulnerables sin un acto de conciliación o arbitraje previo. Además, la nueva ley introduce una batería de medidas para dificultar los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad económica, especialmente cuando el arrendador sea un gran tenedor de inmuebles.

En concreto, la norma mantiene el límite del 2% para este año en la subida del alquiler y lo eleva hasta el 3% en 2024 para, antes del 31 de diciembre del próximo año, crear un nuevo índice de referencia aplicable al territorio al margen del IPC. La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha defendido que si antes no ha sido posible una Ley de Vivienda estatal es porque la política de vivienda es la historia de la "gran estafa española". Por su parte, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha defendido que el proyecto de ley se alinea con la agenda urbana del Gobierno, que tiene por objetivo "fomentar la cohesión social, buscar la equidad y garantizar el derecho del acceso a la vivienda".

El PP, Vox, Ciudadanos y Foro Asturias se han situado en contra de la aprobación de la ley. También el PNV, Junts, PDeCAT, la CUP y Coalición Canaria alegan invasión de competencias del Estado hacia las comunidades autónomas. Otro de los asuntos que ha generado críticas con esta norma ha sido la 'okupación', ya que para grupos como PP, Ciudadanos o Vox, da cabida a esta práctica. El portavoz adjunto de EH Bildu, Oskar Matute, ha apuntado que la ley es "un paso corto, pero necesario".