El Gobierno Vasco exige reunión con Sánchez en julio para avanzar en el cumplimiento del Estatuto
El Lehendakari, Imanol Pradales, ha solicitado que la comisión bilateral con el Gobierno central se celebre antes del 31 de julio. El objetivo es cerrar definitivamente los temas pendientes relacionados con el Estatuto de Gernika, especialmente en Seguridad Social, Puertos, Seguridad Pública y Régimen Electoral Municipal.
Este anuncio se produce en un contexto político marcado por un incremento en los procesos judiciales y las imputaciones que afectan a cargos políticos, tanto en Euskadi como en el resto del Estado. Pradales ha destacado que estos asuntos no deben entorpecer la agenda de autogobierno vasca, que considera fundamental para el desarrollo del País Vasco hacia 2026.
El acuerdo político alcanzado en marzo, que incluyó la firma de varios compromisos en materia tributaria y de competencias, refuerza la voluntad de avanzar en la transferencia de competencias clave. La próxima reunión bilateral, según el Lehendakari, será decisiva para cerrar estas cuestiones y fortalecer la relación institucional con Madrid.
Desde una perspectiva política, el Gobierno Vasco insiste en que la resistencia y los obstáculos judiciales no deben frenar la implementación del Estatuto, que forma parte del marco de autogobierno pactado. La voluntad es mantener el ritmo pese a las dificultades, con la vista puesta en cumplir los compromisos adquiridos en el marco de la bilateralidad.
El contexto actual, marcado por casos judiciales y acusaciones graves, ha alimentado las tensiones entre ambas administraciones. Sin embargo, Pradales ha subrayado que la prioridad es la gestión institucional y el cumplimiento de los acuerdos, sin dejarse distraer por el ruido político. La cita de San Ignacio recuerda que las acciones valen más que las palabras en este proceso.
De cara al futuro, la expectativa es que la reunión de julio sirva para dar un impulso definitivo al proceso de transferencias. La voluntad del Ejecutivo vasco es que la bilateralidad sirva para reforzar el autogobierno, pese a los desafíos judiciales, y continuar avanzando hacia un 2026 en el que se consolidará un autogobierno más completo y efectivo.