El Gobierno Vasco garantizará una información más clara a las víctimas sobre los cambios en la situación penitenciaria de los terroristas.
El gobierno vasco implementará un régimen sancionador para prohibir la exhibición de símbolos de ETA u otros grupos terroristas, según anunció la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, en Vitoria.
San José presentó en el Parlamento Vasco las prioridades de su departamento para la legislatura, destacando la importancia de mejorar la información que reciben las víctimas sobre cambios en la situación penitenciaria de los condenados, así como la necesidad de promover una memoria crítica y deslegitimadora en la sociedad actual.
Además, la consejera expresó la importancia de fortalecer el vínculo entre la persecución del delito y la atención a las víctimas, garantizando el derecho a la reinserción de los condenados y la reparación del daño causado a las víctimas.
San José destacó la necesidad de comunicar las progresiones de grado a los reclusos en ambas lenguas oficiales de Euskadi y anunció la actualización de la 'Estrategia Vasca de Justicia Restaurativa' para mejorar la conexión entre el sistema judicial y las instituciones penitenciarias.
En respuesta a las críticas del PP, la consejera recordó que se otorgaron libertades provisionales a condenados por terrorismo durante los gobiernos del Partido Popular, incluso en épocas de actividad terrorista de ETA.
Además, San José se comprometió a reforzar las actuaciones sobre memoria y derechos humanos, especialmente entre los jóvenes, subrayando la importancia de rechazar la exhibición pública de símbolos de victimarios para preservar una sociedad democrática plena.
La consejera anunció que se está trabajando en un régimen sancionador contra la exhibición de símbolos terroristas, en línea con la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi.
En cuanto a la seguridad pública, San José destacó la importancia de evitar el avance de la ultraderecha en Euskadi y promover la pedagogía democrática para fortalecer los valores de inclusión y justicia en la sociedad.
Desde la oposición, hubo críticas y cuestionamientos sobre la gestión penitenciaria y las decisiones de progresión de grado, mientras que los grupos que apoyan al Gobierno expresaron su acuerdo con las medidas anunciadas por la consejera, aunque con algunas reservas sobre aspectos no contemplados en el acuerdo de Gobierno.
En general, la intervención de la consejera fue recibida con agradecimiento por su enfoque garantista de los derechos de los reclusos y empático con las víctimas de delitos, reiterando la importancia de buscar acuerdos y promover una memoria colectiva que reconozca todos los sufrimientos vividos en la sociedad vasca.