Zupiria se aúna al rechazo de la Diputación de Gipuzkoa a la resolución contra los requisitos lingüísticos de unas oposiciones

VITORIA, 3 Mar.

El asesor de Cultura y Política Lingüística, Bingen Zupiria, se ha sumado al rechazo de la Diputación Foral de Gipuzkoa a la sentencia que suspende el requisito sobre el saber del euskera en unas oposiciones de una fundación pública guipuzcoana, y ha apelado a "remarcar los pactos y acuerdos" en defensa de las políticas lingüísticas desarrolladas en Euskadi en los últimos 40 años.

Zupiria, en afirmaciones a los medios a su llegada al Parlamento Vasco, se ha referido a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) sobre unas oposiciones de la Fundación Uliazpi, ligado de la Diputación Foral de Gipuzkoa, donde establece que la Administración Pública "no puede reclamar" el saber del euskera a todos la gente presentadas al desarrollo "en perjuicio del derecho al empleo público de quienes no acrediten dicho perfil lingüístico".

El asesor de Política Lingüística se ha "sumado" al análisis cerca de esta sentencia que hizo la Diputación Foral de Gipuzkoa, que expresó su "rechazo rotundo" a esta resolución. El Ejecutivo guipuzcoano anunció que recurrirá esta resolución para proteger el derecho de los vascoparlantes a ejercer sus derechos lingüísticos al tener relaciones con la Administración de la Comunidad Autónoma donde el euskera y el español son lenguas oficiales.

Zupiria explicó que el desarrollo de normalización del empleo del euskera creado en Euskadi "tiene como propósito primordial asegurar los derechos lingüísticos de la ciudadanía y los derechos que los hombres y mujeres que habitamos esta red social contamos para utilizar tanto el español como el euskera en el momento en que nos enlazamos con las instituciones".

En este sentido, indicó que "al Gobierno Vasco le corresponde fijar a los criterios básicos para la normalización del empleo del euskera".

El asesor explicó que, desde ahí, "cada institución es competente para, según esos principios en general, detallar los proyectos de normalización" que le corresponden y para "fijar los concretes lingüísticos que son precisos y sus índices de preceptividad". Esto, según indicó, "es lo que hizo en un caso así la Diputación de Guipuzkoa".

Bingen Zupiria cree que la sentencia del TSJPV "merece un análisis jurídico profundo pues pone en enfrentamiento 2 intereses: el derecho al ingreso a un trabajo público y el derecho lingüístico que contamos los ciudadanos y ciudadanas de esta red social". "Es un tema serio que pide una reflexión sosiega", ha añadido.

El asesor ha recordado que el desarrollo de normalización del empleo del euskera y de su normalización en las gestiones "es el resultado de políticas lingüísticas que fueron acordadas y pactadas a lo largo de 40 años entre fuerzas políticas distintas". A su juicio, este ese "un óptimo instante para remarcar esos pactos y acuerdos, y para ofrecer los pasos que haya que ofrecer de ahora en adelante".