El Tribunal Constitucional (TC) ha dado la razón al recurso presentado por más de cincuenta diputados del Partido Popular en el Congreso, declarando nulo e inconstitucional un artículo de los Presupuestos Generales del Estado de 2022 que otorgaba al País Vasco competencias sobre los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

La disposición final primera de la Ley de Presupuestos Generales del Estado fue la que provocó esta controversia, al transferir al País Vasco las facultades que la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local otorgaba a estos funcionarios a nivel nacional.

Esto incluía responsabilidades como la selección de personal, la aprobación de ofertas de empleo, la convocatoria de procesos de provisión y el nombramiento de personal funcionario, entre otros aspectos.

La sentencia del TC, redactada por el magistrado Enrique Arnaldo, señala que esta disposición va más allá de lo permitido en una ley de presupuestos, y contraviene varios artículos de la Constitución relacionados con las cuentas públicas y el papel de las Cortes.