El reciente pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha generado un importante revuelo en la administración pública de Bizkaia. Este tribunal ha decidido anular la exigencia del perfil lingüístico C1 para el 91% de las plazas destinadas a celadores de obras públicas, considerándola una norma que "duplicaba el índice de obligado cumplimiento". Esta información ha sido confirmada por el sindicato CCOO de Euskadi.

Según el comunicado emitido por el sindicato, la sentencia del TSJPV ha dado lugar a la inclusión de trabajadoras interinas que habían sido excluidas por no poseer el certificado de euskera C1. Esta exigencia, que aplicaba a diez de las once plazas convocadas, ha sido considerada como "desproporcionada y discriminatoria", dado que para estos cargos solo se requiere una titulación de Formación Profesional o Bachillerato.

CCOO también ha señalado que muchas de las trabajadoras afectadas habían estado desempeñando sus funciones con contratos temporales durante años y contaban con certificaciones lingüísticas de niveles B1 y B2. El sindicato ha subrayado que respetar los derechos tanto lingüísticos como laborales es perfectamente viable si se toma en cuenta la situación sociolingüística de la población.

En su crítica, han recordado que, conforme al artículo 25 del Decreto 9/2024 del Gobierno Vasco, el índice de exigencia en la Diputación de Bizkaia debería ser del 46,47%. Esta cifra ha sido claramente desobedecida en la convocatoria que ha sido anulado por el tribunal.

Por otra parte, CCOO de Euskadi ha denunciado que el proceso de estabilización del Gobierno Vasco para los secretarios-interventores municipales ha dejado fuera al 30% de los trabajadores con más méritos, debido a la falta del nivel lingüístico C2, el más elevado que se exige.

El sindicato ha calificado de "escandaloso" el resultado del proceso de "estabilización extraordinaria" para secretaría e intervención municipal, que se completó con los nombramientos en prácticas anunciados el pasado 14 de noviembre en el BOPV. Esta situación, previo aviso por parte de CCOO en 2022 sobre las bases de selección, ha resultado en lo que ellos denominan "exclusión lingüística".

El sindicato ha lamentado que, entre los trabajadores con más méritos, se hayan excluido en total a 30% de ellos, destacando que, por ejemplo, 8 de los 25 con mejores puntuaciones en Secretaría-Intervención no podrán acceder al puesto, al igual que 5 de 15 en Intervención-Tesorería y 2 de 9 en Secretaría.

Según la denuncia de CCOO, están hablando de trabajadores con décadas de experiencia en sus roles que han quedado fuera del proceso por no poseer el exigido C2, evidenciando una situación en la que incluso se permitirá que tres personas sin experiencia previa logren estabilidad laboral, mientras que personal interino con más de 20 años en el servicio será excluido.