Euskadi luchará por sus competencias ante el Tribunal Constitucional en la estabilización de funcionarios locales con habilitación nacional.

Euskadi luchará por sus competencias ante el Tribunal Constitucional en la estabilización de funcionarios locales con habilitación nacional.

El Tribunal Superior del País Vasco (TSJPV) ha solicitado al Tribunal Constitucional que examine la constitucionalidad de la actuación del Gobierno Vasco en relación a los procesos de estabilización de personal funcionario local con habilitación nacional.

En respuesta a esta petición, el Gobierno Vasco defenderá ante el Tribunal Constitucional su competencia en este ámbito.

El Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno ha confirmado que continuará adelante con los procesos selectivos para la estabilización de secretarios, tesoreros e interventores municipales.

De acuerdo con un comunicado emitido por el departamento, "nada impide" al Gobierno Vasco seguir con la realización de estos procesos de estabilización para el personal funcionario local.

El departamento ha destacado que el último auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco tampoco impide que se lleven a cabo estos procesos. En dicho auto, se ha solicitado al Tribunal Constitucional que examine la constitucionalidad de las leyes que reconocen la competencia de las instituciones vascas para llevar a cabo estos procesos de selección y nombramiento.

A solicitud del Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local, la sala del TSJPV ha presentado esta cuestión al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la constitucionalidad de las leyes básicas que permiten a las instituciones vascas llevar a cabo estos procesos en lugar de la Administración del Estado.

Una de estas leyes es la Ley de Presupuestos del Estado para 2022, que actualizó la Ley de Bases de Régimen Local para otorgar a Euskadi la gestión de los funcionarios municipales con habilitación nacional. Esta norma también ha sido impugnada ante el Tribunal Constitucional por el Partido Popular y Vox.

Además, también se ha recurrido la Ley 20/21 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Ante esta nueva acción judicial, el Gobierno Vasco reitera que los procesos selectivos de estabilización "continúan su curso con normalidad" y defiende su competencia en la materia.

Asimismo, el Gobierno Vasco reafirma su compromiso de poner fin a la interinidad en la Administración y su compromiso con el euskera, especialmente en lo que se refiere a la asignación del perfil lingüístico de cada puesto de trabajo, responsabilidad de las entidades locales.

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