Los líderes de Euskadi y Canarias, Imanol Pradales y Fernando Clavijo, han hecho llegar a las diferentes comunidades autónomas del país su acuerdo, que aboga por una distribución "equilibrada, coordinada y justa" de los migrantes menores no acompañados. Este acuerdo se presenta como una respuesta urgente a la "dramática" situación que enfrentan estas comunidades, destacando que en las Islas Canarias, la situación ya se considera "insostenible". Junto a esta propuesta, se adjunta una memoria económica que asegura la viabilidad de la distribución extraordinaria de estos menores.

El mensaje de Pradales y Clavijo busca garantizar la correcta atención a niños, niñas y jóvenes migrantes, al mismo tiempo que se intenta aliviar la creciente presión sobre los recursos disponibles en Canarias. La importancia de esta iniciativa se subraya al ser parte de lo discutido en la XXVII Conferencia de Presidencia, donde el compromiso de atender esta crisis se puso de relieve también ante el Gobierno español.

En su comunicación, ambos dirigentes enfatizan la necesidad de "aplicar de forma efectiva la solidaridad y corresponsabilidad territorial", un principio incorporado en la legislación actual. Este argumento refuerza la idea de que tanto el Gobierno de España como los ejecutivos autonómicos tienen la deber de cumplir con esta obligación que asegura la protección de los derechos y necesidades básicas de los menores no acompañados.

El plan presentado propone un mecanismo extraordinario que facilite la redistribución de estos menores, priorizando siempre sus intereses. Esto no solo serviría para aliviar la carga que enfrenta Canarias y Ceuta, sino que también se extiende a Euskadi, donde la presión migratoria también es un tema relevante.

Los gobiernos canario y vasco subrayan que es deber del Gobierno español "promover, de manera eficaz, la distribución equitativa de los y las menores", asegurando que se habiliten los recursos materiales y financieros necesarios para llevar a cabo esta tarea. La intención es garantizar que todos los menores migrantes tengan acceso a un entorno seguro que se ajuste a sus necesidades, lo que incluye la utilización de fondos tanto estatales como europeos y la cooperación de los Ministerios involucrados.

Dentro de la propuesta conjunta, se plantean cuatro áreas clave para la gestión migratoria que se espera implementar de manera "inmediata". La primera de ellas es el desarrollo de un Plan Estratégico de Migración, que debe abarcar desde la planificación hasta la evaluación, incluyendo una memoria económica realista.

La inclusión de Euskadi como Frontera Norte tras el cierre de la frontera por parte del Estado francés el pasado noviembre es otro aspecto destacado, donde se señala la necesidad de una mayor inversión económica para atender de forma digna a las personas en tránsito.

El mensaje final enfatiza la necesidad de un reparto "equilibrado, coordinado y justo" en toda España, apoyado por una memoria económica que respalde esta distribución. A su vez, abogan por un modelo de distribución basado en cinco indicadores que contemplan la población total, la población acogida, el PIB per cápita, la tasa de desempleo y la solidaridad en términos de menores acogidos durante los últimos cinco años.

Ambos gobiernos expusieron en la Conferencia de Presidencias de diciembre que esta medida debería ser implementada en un plazo no superior a tres meses, utilizando la figura legal adecuada. A continuación, sugieren que la Conferencia Sectorial de Infancia retome el debate sobre la distribución futura de estos recursos.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, subraya que la carta enviada tiene como meta "no perder ni un minuto más" y abrir el debate a las comunidades autónomas. Esta solicitud se produce en un contexto en el que las islas canarias han visto un aumento en la llegada de migrantes, sumando en los últimos días 2.000 personas adicionales, elevando la cifra total de menores no acompañados bajo tutela en Canarias a 5.812. Clavijo alerta que la situación es "insostenible" y no se puede esperar más por acciones del Gobierno español.

La propuesta de los gobiernos canario y vasco incluye un enfoque a medio y largo plazo, donde se destaca la importancia de colaborar con los países de origen de estos migrantes, en línea con la legislación vigente. El objetivo de estas medidas es que "niños y jóvenes puedan desarrollar un proyecto de vida en sus países de origen", así como establecer canales para el intercambio de información sobre iniciativas en los países de origen, como el proyecto "Tierra Firme" liderado por el Gobierno canario en Senegal.