Exmonjas niegan maltrato y apropiación en investigación sobre monasterio de Belorado
Dos exmonjas de la congregación clarisa en Belorado (Burgos), Sor Sión y Sor Israel, declararon este jueves ante el Juzgado de Bilbao en su condición de investigadas. Ambas afirmaron haber cuidado de las religiosas mayores trasladadas al convento de Orduña en condiciones adecuadas y negaron haber cometido actos de apropiación de fondos o malos tratos, en medio de una investigación que involucra a ocho exmonjas por presuntos delitos que incluyen trato degradante y administración desleal.
Este procedimiento judicial surge en un contexto político y social donde las instituciones religiosas enfrentan un escrutinio creciente tras denuncias relacionadas con el trato a personas mayores en centros religiosos y la gestión de recursos económicos. La investigación se ha visto impulsada por informes de la Guardia Civil, que en diciembre pasado intervino en el convento de Orduña tras detectar condiciones precarias en el cuidado de varias religiosas, algunas de las cuales tenían entre 87 y 101 años.
Las protagonistas de la declaración han señalado que la finalidad del proceso judicial es esclarecer los hechos y que mantienen su inocencia frente a acusaciones que consideran infundadas. La abogada de las exmonjas, Norma Riaño, ha señalado que las defendidas comparecen con tranquilidad y que su intención es colaborar con la justicia, dejando en evidencia la complejidad del caso, que también refleja tensiones existentes entre el Estado y las instituciones religiosas en Euskadi y Castilla y León.
Este caso se inscribe en un contexto político donde las administraciones públicas han reforzado la supervisión de centros religiosos y sociales, impulsando reformas en la gestión y control de recursos, además de promover un mayor escrutinio sobre las condiciones en que se atiende a las personas mayores en instituciones religiosas. La atención social y la transparencia se han convertido en prioridades en la agenda política, especialmente ante la creciente sensibilización pública sobre derechos y bienestar de las personas vulnerables.
En el escenario actual, la investigación refleja la tensión entre la protección de derechos fundamentales y las posibles vulneraciones en instituciones tradicionales, en un contexto donde la justicia busca equilibrar la autonomía de las comunidades religiosas con la necesidad de garantizar el bienestar de las personas atendidas. La resolución del caso puede marcar un precedente en la relación entre la administración pública, el sistema judicial y las instituciones religiosas en Euskadi y Castilla y León.