Hoy ha dado inicio el juicio de un caso que ha generado gran conmoción en la comunidad de Santurtzi. La Fiscalía ha presentado cargos contra una enfermera que supuestamente simulaba la administración de vacunas en el centro de salud de Kabiezes, solicitando una condena de siete años y seis meses de prisión.

Varias familias cuyos hijos recibieron atención de la acusada han manifestado que, al contrario de lo habitual, sus pequeños no experimentaron reacciones tras las supuestas inoculaciones. Estas similitudes han hecho que los padres se percataran de que el proceso era sorprendentemente veloz, lo que a su vez despertó sospechas en ellos sobre la veracidad del procedimiento.

La Sección Primera de la Audiencia de Bizkaia ha comenzado a investigar este grave asunto. La Fiscalía sostiene que la enfermera cometió un delito de daños continuados, echando mano de su posición en el servicio público, así como varios cargos de falsedad documental, dado que registraba las vacunas como si hubieran sido aplicadas, cuando en realidad no era así.

Dentro de las multas solicitadas, la Fiscalía también pide una indemnización de 32.000 euros a Osakidetza para cubrir los gastos de las vacunas que debieron ser administradas nuevamente. La acusada, quien trabajó en el área de Pediatría desde febrero de 2021 hasta septiembre de 2022, se enfrenta a un panorama legal complicado.

De acuerdo con la acusación oficial, la enfermera no solo se abstenía de administrar las vacunas adecuadas; se señala que pudo haber alterado el proceso de administración en varios casos, lo que ha llevado a que cerca de 404 menores que pasaron por sus manos se vean afectados.

El monto económico de las vacunas que debieron ser readministradas tras la auditoría de Osakidetza supera los 26.000 euros, sumando además costos de personal que ascienden a más de 5.000 euros. Este escándalo ha obligado al servicio sanitario vasco a reexaminar sus protocolos de vacunación.

Por otro lado, la acusación particular, que representa a aproximadamente 50 familias afectadas, ha elevado su solicitud de condena, pidiendo penas que oscilan entre 12 y 17 años, ya que han agregado un cargo de malversación a la denuncia original. Según su abogado, Aitzol Asla, hay un deseo colectivo de que se haga justicia y de que la enfermera no vuelva a ejercer su profesión.

El juicio, que cuenta con la participación de Osakidetza y el Colegio de Enfermería como acusaciones, ha comenzado a puerta cerrada, abordando cuestiones preliminares sobre la competencia del tribunal para juzgar los delitos de malversación reclamados. La parte defensiva ha logrado que se escuche su declaración al final del proceso, permitiendo que hoy se hayan presentado los testimonios de nueve padres preocupados por el bienestar de sus hijos.

Varios progenitores expresaron su preocupación, indicando que, a diferencia de lo habitual, sus hijos no mostraron reacciones tras la inyección, una señal que levantó inquietudes sobre la autenticidad del tratamiento. Otros padres afirmaron haber confiado en la profesional, sin sospechar que algo podía estar mal.

Las historias de estas familias han revelado que, tras sospechas por parte de Osakidetza, se llevaron a cabo análisis serológicos, confirmando que algunos niños carecían de anticuerpos, lo cual acentuó la alarma sobre la práctica de la enfermera. Esta situación, que ha captado la atención de la prensa y la sociedad, continuará desarrollándose con la comparecencia de testigos durante el juicio que se prevé se prolongue hasta el viernes.