VITORIA, 20 de noviembre. La controversia en torno a las concentraciones antiabortistas en Vitoria-Gasteiz ha llegado a su culminación en el Juzgado de lo Penal número 1, donde se ha llevado a cabo la última sesión del juicio contra un grupo de 21 personas, entre ellas 12 mujeres y 9 hombres, que se manifestaron frente a la clínica Askabide. Este centro se dedica a la práctica de interrupciones voluntarias del embarazo y ha presentado como particular afectada en este caso.

Durante las sesiones del juicio, el Ministerio Fiscal y la acusación particular han sostenido que las acciones de los acusados constituyeron coacciones hacia las mujeres que acudían a la clínica. En contraste, la defensa ha argumentado que no se ha aportado evidencia concreta que respalde estas afirmaciones y ha pedido la absolución de los procesados, argumentando que su única intención ha sido ejercer su derecho a la libertad de expresión.

La fiscalía ha solicitado que se imponga una condena de cinco meses de prisión a cada uno de los acusados, o en su defecto, que se les imponga 100 días de trabajos comunitarios. Según la acusación, las concentraciones de los manifestantes fueron una forma de obstaculizar tanto el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo como la actividad de los trabajadores del centro de salud.

Por su parte, la clínica Askabide respalda la solicitud de la fiscalía y ha exigido una indemnización de 20.000 euros, una parte destinada a la institución y otra a su administrador único. Además, se ha solicitado que los acusados sean prohibidos de acercarse a menos de 100 metros del establecimiento por un periodo de dos años tras la sentencia.

Las defensas han continuado insistiendo en que las concentraciones no implicaron ninguna coacción, describiéndolas como manifestaciones pacíficas de oración y exhibición de pancartas. Destacaron que los organizadores se limitaron a rezar y no incitaron de ninguna forma a la violencia o intimidación.

El Ministerio Público ha presentado testimonios de empleados y pacientes de la clínica que afirmaron sentirse amenazados por la presencia de los manifestantes, describiendo la situación como una incomodidad que afectó negativamente al servicio de la clínica debido a la pérdida de citas.

En este sentido, la fiscalía ha argumentado que la simple presencia de los sospechosos en el lugar constituye una forma de coacción, y que su accionar no se puede considerar un simple ejercicio de libertad de expresión. La acusación particular considera que detrás de lo que aparenta ser una manifestación pacífica se esconde un esfuerzo organizado para acosar a mujeres y personal sanitario.

Los abogados de la defensa, no obstante, han refutado estas afirmaciones, sosteniendo que no se ha demostrado que haya existido acoso directo, y enfatizando que no hay evidencia de que las farmacias afectadas hayan registrado un descenso significativo en su actividad debido a la presencia de los manifestantes.

La defensa ha rechazado la noción de que las concentraciones constituyan un delito continuado, argumentando que ninguna de las mujeres que acudieron a la clínica presentó una denuncia. También citaron a agentes de la ley que marcaron la naturaleza pacífica de las concentraciones, donde los asistentes estaban dedicados a rezar, y no se observaron insultos ni agresiones directas.

Finalmente, dos de los acusados se expresaron ante el tribunal, defendiendo su derecho a manifestarse. Uno de ellos argumentó que su presencia buscaba ofrecer apoyo a las mujeres, mientras que otro anunció que en caso de ser condenado, se negaría a pagar la indemnización solicitada, ya que no desea contribuir económicamente a un centro que realiza abortos.