Fiscalía solicita 22 años de prisión para docente que allegedly intentó sobornar a menores con dinero por favores sexuales.

SAN SEBASTIÁN, 25 de marzo.

La Fiscalía de Gipuzkoa continúa postulando por una condena de 22 años de prisión para un profesor de un instituto en Irun, quien es juzgado en la Audiencia Provincial por presuntamente ofrecer pagos a tres alumnas menores a cambio de favores sexuales durante el año académico 2023-2024. Según el fiscal, los cargos han sido calificados como apropiados debido a la seriedad de los actos que se consideran probados.

El juicio ha finalizado con las exposiciones orales de las partes involucradas después de una segunda jornada, donde dos de las tres denunciantes, dos docentes como testigos de la defensa y el propio acusado declararon a puerta cerrada.

La declaración del profesor tuvo que llevarse a cabo en privado, ya que, a pesar de las advertencias de la juez María José Barbarin, hizo mención reiterada de las identidades de las menores involucradas.

Fuera de las instalaciones judiciales, se ha repetido la manifestación de exalumnas del acusado en un centro educativo en Gipuzkoa, acompañadas por miembros de un colectivo feminista de Oiartzun, similar a la que se realizó el pasado martes durante la primera sesión de juicio.

Las dos profesoras que testificaron en favor del acusado comentaron que era notorio que algunas alumnas siempre aguardaban su llegada, describiéndolas como "gaviotas en la playa", una metáfora que indica que, aunque sean graciosas, terminan resultando molestas. Asimismo, observaron que había competencia entre las alumnas por el afecto del profesor. Una de ellas mencionó que las menores estaban muy familiarizadas con el lenguaje sexual, haciendo referencia a la popularidad del término 'sugar daddy'.

No obstante, afirmaron que, de haber percibido algo extraño en el comportamiento del docente, lo habrían informado a la Dirección del centro. Señalaron que desconocían las actividades en redes sociales del acusado y, tras que les mostraran una captura de una conversación con una de las alumnas, admitieron que hubieran actuado diferente si hubieran tenido acceso a esa información antes.

El acusado defendió su postura diciendo que en las escuelas siempre hay una alumna que busca destacar. "Me inquieta cuando una dice que es la elegida", afirmó, mencionando que son las propias menores las que muestran interés, no él. Aseguró que cada vez que ha tenido problemas ha sido relacionado con estas alumnas "elegidas".

Añado que abrió una cuenta en Instagram bajo un pseudónimo porque había eliminado otros perfiles con muchos seguidores, ya que sabía que la administración educativa estaba detrás de él. Dijo que, tras compartir su nuevo perfil con una alumna, el número de seguidores creció rápidamente, aunque muchos eran cuentas ficticias o de contenido erótico.

Contó que a través de estas cuentas le solicitaban "imágenes y grabaciones" y le hacían preguntas inapropiadas sobre si tenía relaciones con sus hijas. Sin embargo, señaló que respondía que sí, como lo haría cualquiera. También explicó que las referencias a 'sugar daddies' son comunes entre los jóvenes, añadiendo que durante los recreos se hablaba a menudo de este tema.

El acusado mencionó que varias alumnas llegaban a ofrecerle encuentros a cambio de una chaqueta, de la cual posteriormente supo que costaba alrededor de 30 euros, e inclusive una joven le propuso dejarse besar a cambio de dinero, argumento que razonó por su necesidad.

Al ejercer su derecho a la última palabra, enfatizó que su situación era atípica, comparándose a una "estrella de rock" debido a la atención que recibía de sus alumnos. Admitió que podría haber cometido errores, pero subrayó que su apoyo siempre fueron los estudiantes.

El fiscal Jorge Bermúdez, en su alegato final, defendió la solidez de las pruebas y reafirmó su solicitud de 22 años de cárcel por diversos delitos sexuales contra menores. Aclaró que las presuntas víctimas habían presentado evidencias de conversaciones antes de ser eliminadas por el acusado, quien cambió de dispositivo electrónico poco antes de su arresto.

El fiscal destacó que había pruebas suficientes para demostrar la solicitud de favores sexuales por parte del docente a las menores, subrayando que no se encontraba ninguna "intención espuria" en sus acciones, y resaltó que las declaraciones de las víctimas coincidieron sustancialmente, lo que desafiaba la presunción de inocencia del acusado. Además, recalcó que las presuntas víctimas son menores y, por lo tanto, se encuentran en una situación de vulnerabilidad específica.

El fiscal argumentó que al romperse la barrera entre profesor y alumnos de esta manera, se genera un impacto significativo en la integridad de las menores. Respecto a las amenazas, mencionó que el acusado envió un correo desde su cuenta profesional amenazando con acciones legales a quienes compartieran las conversaciones con él, lo que no hubiese ocurrido si las víctimas no hubieran actuado en un contexto de denuncia dentro del centro educativo.

La defensa, en cambio, ha solicitado la absolución de su cliente, argumentando que cometió un error en crear vínculos de amistad con alumnas de tan corta edad y que no tiene una naturaleza delictiva. El abogado afirmó que hay una duda razonable sobre si su relación era verdaderamente amigable y añadió que, aunque el acusado podría parecer algo infantil, no actuaba con mala intención y gozaba de una buena reputación entre sus alumnos.

Por último, el letrado pidió que no se emita una sentencia que pueda considerarse injusta dentro de la sección de la Audiencia de Gipuzkoa que lleva este caso.