VITORIA, 9 de diciembre.

La vicelehendakari primera, Begoña Bengoetxea, ha instado a todos los grupos en el Parlamento Vasco a alcanzar un acuerdo que proteja el marco legal desarrollado en las últimas cuatro décadas para promover el uso del euskera. Esta llamada viene tras la reciente decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que ha puesto en duda la constitucionalidad de dicho sistema, aunque, como afirmó Bengoetxea, este modelo cuenta con el respaldo del Tribunal Constitucional.

Durante una rueda de prensa, acompañada por la portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, Bengoetxea abordó los recursos interpuestos por el PP y Vox contra el decreto 19/2024, el cual regula el uso del euskera en la administración pública. La vicelehendakari destacó que esta situación vuelve a mostrar la problemática de la judicialización y uso político del euskera.

Ubarretxena también mencionó que el TSJPV ha comenzado a evaluar si plantear una cuestión de inconstitucionalidad respecto a la Ley vasca de empleo público. En concreto, el Tribunal quiere consultar al Tribunal Constitucional sobre una cláusula que exige un perfil lingüístico para todos los puestos en el sector público.

La portavoz del Gobierno vasco subrayó que el TSJPV considera que este requisito es fundamental para el decreto en cuestión, por lo que necesita aclarar su constitucionalidad antes de emitir un fallo. Sin embargo, el Gobierno Vasco se opone a este enfoque, argumentando que no hay justificación para elevar esta cuestión al Constitucional, dado que el requisito ya ha estado presente en la legislación vigente desde 1982 y 1989.

Ubarretxena defendió la solidez de ambas leyes, que han sido ratificadas por el Tribunal Constitucional. Además, explicó que el artículo adjunto al que se impugna aclara el significado del perfil lingüístico y su aplicación. Añadió que es un concepto esencial el de 'preceptividad', que determina cuándo se convierte este perfil en un requisito para los puestos públicos.

La consejera insistió en que el hecho de que todos los puestos dispongan de un perfil no implica que requerirán el conocimiento del euskera en todos los casos. Indicó que existen puestos en la administración que tienen asignado un perfil lingüístico, pero no cuentan con una fecha de preceptividad que lo exija.

Bengoetxea resaltó que la interpretación del TSJPV parece confundir la clasificación de puestos con la imposición de obligaciones linguísticas, lo cual no refleja la realidad de cómo se ha organizado este marco legal para avanzar de manera equilibrada. Según las estadísticas más recientes, un porcentaje significativo de plazas en diferentes áreas de la administración no tiene fecha de preceptividad, lo que implica que el euskera no es un requisito obligatorio para acceder a ellas.

La vicelehendakari formuló una respuesta contundente a la inquietante decisión del TSJPV, enfatizando que socava la base de la normalización del euskera en la administración del País Vasco, que ha sido una referencia durante más de 40 años de consenso social y político.

Ante este escenario, hizo un llamamiento a los partidos políticos vascos para que se unan en la búsqueda de soluciones respecto a las modificaciones planteadas por el PNV y EH Bildu en relación a la Ley de empleo público, con el objetivo de proporcionar seguridad jurídica a los requisitos lingüísticos en los procesos de selección.

Bengoetxea instó a las formaciones políticas a esforzarse por alcanzar un consenso amplio que refuerce el marco legal vigente, evitando así futuras incertidumbres en la actuación de las administraciones públicas. “Defender esta estructura es, en esencia, defender el bienestar de la ciudadanía vasca”, concluyó.

Ubarretxena, por su parte, aseguró que el PSE-EE, socio de gobierno del PNV, había sido informado sobre la comparecencia de Bengoetxea, y anunció que este tema será discutido en la próxima reunión del Consejo de Gobierno.