BILBAO, 17 de noviembre. En un incidente alarmante, el Departamento de Educación del Gobierno Vasco ha puesto en marcha su protocolo de respuesta tras la agresión perpetrada por un grupo de estudiantes de 1º y 2º de ESO del IES Uribe Kosta, en Plentzia, Bizkaia. Durante la noche de Halloween, el 31 de octubre, estos alumnos llevaron a cabo un ataque contra la vivienda de una docente, arrojando huevos y limones a la fachada y profiriendo insultos.

Se ha informado que la profesora ha sido víctima de acoso en varias ocasiones anteriores, especialmente frente a su hogar, y actualmente se encuentra de baja médica desde el día siguiente al ataque. La Ertzaintza ha abierto un expediente de investigación tras la denuncia presentada por la afectada, y la Fiscalía de Menores está llevando a cabo las indagaciones pertinentes.

En una rueda de prensa celebrada en Vitoria, Lucía Torrealday, viceconsejera de Políticas Educativas, comunicó que, una vez conocido el incidente, se activó rápidamente el protocolo de actuación previsto para situaciones de agresión contra el personal educativo. Esta respuesta se alinea con los procedimientos establecidos por el departamento.

La viceconsejera enfatizó que la prioridad máxima del Departamento es brindar apoyo y protección a la profesora, garantizando que reciba la asistencia jurídica, psicológica y administrativa necesaria. Asimismo, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales ha iniciado su intervención y el centro educativo ha comenzado a implementar el procedimiento correspondiente acorde al Decreto de Derechos y Deberes del alumnado.

A medida que continúa la investigación, el Departamento de Educación ha reiterado su firme condena ante cualquier forma de acoso hacia los docentes o el personal educativo, reafirmando su compromiso con el respeto, la convivencia y los valores en la educación. "Situaciones como estas son totalmente incompatibles con el ambiente educativo", afirmó Torrealday.

La viceconsejera también destacó el apoyo "incondicional" a la docente y aseguró que la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, se ha puesto en contacto directo con ella para ofrecerle su respaldo durante este proceso. Aseguró que este apoyo se mantendrá a lo largo de las diligencias que se llevarán a cabo.

Torrealday subrayó que, desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, se han activado todos los protocolos establecidos, incluyendo el específico para agresiones al personal de centros educativos públicos. Además, el Centro Educativo ha designado a un instructor que se encargará de reunir información sobre el caso para facilitar la toma de decisiones adecuada.

El protocolo de actuación en caso de agresión a personal puede, si se considera necesario y acorde a la situación, proporcionar apoyo administrativo y psicológico, así como asistencia pública, según comentó Torrealday.

El incidente ocurrió el 31 de octubre, cuando un grupo de estudiantes se presentó en la vivienda de la profesora y lanzó huevos y otros objetos. La afectada avisó a la Policía local y se solicitó la intervención de la Ertzaintza, que se desplazó al lugar para iniciar las diligencias correspondientes.

Es importante destacar que esta es la primera vez que el Departamento recibe un reporte formal sobre este caso, ya que para activar el protocolo, la profesora debe solicitarlo. Torrealday mencionó que, en anteriores ocasiones, la docente había sido objeto de acosos similares, los cuales se gestionaron a nivel local, con medidas aplicadas al alumnado involucrado.

Previo a este incidente, se había abierto un expediente a varios alumnos en el curso anterior por comportamientos inapropiados, los cuales fueron manejados desde el centro educativo. Se recopila información y, de acuerdo al Decreto de Derechos y Deberes, se identifican las faltas y se determinan las acciones a seguir.

No se propuso expulsar a los implicados durante el curso 2023-24. Ante esta nueva situación, el procedimiento ha sido reactivado y se están recopilando datos cruciales para evaluar las acciones a tomar. Un instructor ha sido designado específicamente para esta tarea.

Finalmente, se recordó que los alumnos son menores de edad, lo que implica que las medidas a implementar deben ser educativas. Se contempla la posibilidad de realizar trabajos comunitarios o, en casos excepcionales, restringir su permanencia en el aula, dependiendo de la gravedad de los hechos y la implicación de cada uno de ellos.