El Gobierno Vasco ha propuesto una significativa modificación en la estrategia de protección del lobo, instando a que se reestablezca el estado de protección que existía en 2021, ante las alarmantes consecuencias que los ataques de estos animales están causando en el sector ganadero. La situación actual ha sido catalogada como de "daño permanente e irreparable" para las explotaciones ganaderas, lo que ha llevado a la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, a tomar la iniciativa en este asunto tan crítico para la economía rural.

Barredo se ha dirigido a la ministra de Transición Ecológica y del Reto Demográfico, Sara Aagesen, solicitando que el lobo sea excluido del Listado de Especies en Régimen de Protección Especial, una medida que fue adoptada por el Gobierno español y oficializada en septiembre de 2021. Esta petición refleja una preocupación creciente en las áreas rurales del País Vasco, donde los ataques de lobos se han intensificado, afectando gravemente las explotaciones ganaderas a raíz de los movimientos de manadas entre comunidades vecinas.

No es la primera vez que el Gobierno Vasco plantea la necesidad de revisar el estatus del lobo. En junio de 2023, la entonces consejera Arantza Tapia ya había llevado esta cuestión a la atención de la ministra Teresa Ribera, reiterando la misma preocupación en las conversaciones mantenidas recientemente. Sin embargo, hasta ahora no ha recibido respuesta, lo que provoca un sentimiento de descontento en el gobierno autonómico.

La propuesta presentada por Barredo se apoya en un informe de alternativas de ordenación que concluye que "la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres de Protección Especial no solo es innecesaria, sino que podría resultar perjudicial a largo plazo". La consejera ha hecho hincapié en que la situación actual no solo afecta a la economía agraria, sino que también refleja un desajuste en la gestión y protección de esta especie, que debería alinearse con las realidades sobre el terreno.

Asimismo, la consejera ha transmitido su propuesta al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, alegando que la relevancia de este tema se ha incrementado, especialmente después de que el Comité Permanente del Convenio de Berna aceptara la reciente propuesta de la Unión Europea para reducir el nivel de protección del lobo, cambiando su clasificación de "especie estrictamente protegida" a "simplemente protegida".

Barredo ha destacado que, si bien el lobo cuenta con una estrategia de conservación en España que es más estricta de lo requerido por la Unión Europea, el Gobierno Vasco no se opone a su protección, siempre que sea proporcional a su situación real. Esto debe tener en cuenta la ecología del lobo y su hábitat, que corresponde a la zona norte del Duero.

La consejera ha hecho un llamado a la ministra Aagesen para que se tomen decisiones concretas y eficaces que eviten que España se convierta en el último país en ajustar la protección de esta especie, con el objetivo de asegurar la supervivencia del ganado y, por ende, del sector ganadero en la región.

Ante la creciente invasión de manadas de lobos en zonas rurales, Barredo ha insistido en la necesidad de disminuir el nivel de protección del lobo al norte del río Duero. Este enfoque, según su perspectiva, debe ser específico y no global, como se ha intentado impulsar hasta ahora por diversos grupos, lo que contradice las normas de la UE sobre la protección de especies y hábitats.

La situación es grave: los ataques de lobos a animales de granja, como mastines, ovejas, vacas y otros animales, han sido reportados con frecuencia en áreas de Álava y Bizkaia, causando daño físico y la muerte de numerosos ejemplares. Barredo ha subrayado que esta realidad requiere una revisión urgente y un análisis serio de la situación, instando a una respuesta clara y efectiva desde las instancias correspondientes.

La reciente decisión del comité permanente de la Convención de Berna para aceptar la propuesta de la UE de rebajar la protección del lobo se convierte en un punto clave, ya que este cambio podría entrar en vigor en tres meses, salvo que un tercio de los países miembros se oponga. Este contexto plantea un futuro incierto para la concurrencia de intereses entre la conservación de la especie y la protección del medio rural.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha declarado que esta decisión del comité permanente es "importante" y responde a la necesidad urgente de un "enfoque equilibrado" que permita tanto la conservación del lobo como la protección de los medios de vida en áreas rurales. Este dilema se está manifestando en varias regiones europeas, donde las comunidades, incluyendo Cantabria, Castilla León, Asturias, y por supuesto Euskadi, exigen una mayor flexibilidad en la gestión de las poblaciones de lobos, reflejando una clara necesidad de adaptar las políticas de conservación a la realidad del campo.