Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite), ha expresado su profunda preocupación por la situación actual en las instituciones políticas del País Vasco, donde, según sus palabras, “los jefes políticos de ETA están en las instituciones, cada vez con más poder, sin haber condenado un solo atentado terrorista y beneficiándose de un marco de impunidad que pocos se atreven a cuestionar”. Estas declaraciones fueron realizadas durante un emotivo acto en homenaje a su hermano, Gregorio Ordóñez, a tres décadas de su asesinato a manos de ETA.

El acto tuvo lugar en el cementerio de Polloe, en San Sebastián, y en él participaron diversas autoridades y representantes políticos, entre los que se encontraban el alcalde de la ciudad, Eneko Goia, la consejera de Justicia del Gobierno Vasco, María Jesús San José, y otros dirigentes del PSE-EE y el PP. También se sumaron a la conmemoración la viuda de Ordóñez, Ana Iribar, y otras víctimas del terrorismo, evidenciando así la relevancia del evento en la memoria colectiva de la sociedad vasca.

Ordóñez comenzó su intervención recordando la controversia generada por la negativa de la Iglesia vasca a oficiar una misa en el aniversario de su hermano. Fue el jesuíta Alfredo Tamayo quien, en un gesto de solidaridad, ofreció durante muchos años un responso junto a la tumba de Gregorio, algo que agradeció profundamente. La presidenta de Covite, visiblemente emocionada, mencionó el gran número de muestras de apoyo y admiración hacia su hermano por parte de los ciudadanos, lo cual le llevó a reflexionar sobre el contexto político del País Vasco en las últimas tres décadas.

En su discurso, Ordóñez subrayó que Gregorio nunca vio la política como un medio para alcanzar el poder, lo cual contrasta con las posturas de aquellos que han avalado negociaciones con ETA. A medida que avanzaba en sus palabras, lamentó que “los terroristas y sus protectores no podían permitir que Gregorio, que tenía tan claro cómo había que derrotarlos, pudiera ser el alcalde de una ciudad en la que siempre habían tenido mucho poder y muchos apoyos sociales y políticos”.

Destacó, además, que mientras sus oponentes abogaban por negociar con ETA para poner fin a la violencia, su hermano comprendía que tal enfoque habría significado “prostituir la democracia”. Sin embargo, a pesar de sus deseos de ver la derrota de ETA reflejada en un rechazo social real y en eficacia policial, Consuelo Ordóñez reconoció con dolor que esa victoria soñada nunca llegó a fructificar, señalando que “ha habido demasiadas ocasiones en que se ha negociado con ETA o se ha transigido con sus exigencias”.

La presidenta de Covite no dudó en censurar a quienes consideran un logro que quienes alguna vez sostuvieron la violencia ahora desempeñen roles políticos. “Esas mismas personas olvidan que los asesinos nunca tuvieron que elegir entre terrorismo o política”, alegó, recordando que para la izquierda abertzale, el terrorismo de ETA siempre fue una extensión de su actividad política. En este sentido, enfatizó el hecho de que durante más de cuarenta años de crímenes, ETA estuvo casi siempre representada en las instituciones.

Ordóñez hizo hincapié en la gravedad de que “los jefes políticos de ETA estén hoy en las instituciones”, resaltando nuevamente que no han condenado sus actos y que operan en una atmósfera de impunidad que raramente es desafiada. Expresó su indignación hacia quienes, desde los pasillos del poder, siguen justificando su legado violento y prohibiendo a los terroristas arrepentirse de sus crímenes.

A lo largo de su intervención, recordó que muy pocas personas vinculadas a ETA parecen dispuestas a hacer un autoanálisis crítico de su pasado. “A menudo, vemos que es a nosotras, las víctimas, a quienes se nos dirigen las exigencias”, lamentó. Mientras a las víctimas se les insta a “pasar página” en nombre de una supuesta convivencia pacífica, los terroristas reducen sus penas a través de maniobras que burlan el Estado de Derecho, algo que criticó con vehemencia.

Finalmente, Ordóñez concluyó afirmando que “esta es la ‘inversión en convivencia’ de la que habla Otegi”, subrayando que la despreocupación ante las injusticias que sufren las víctimas, así como la normalización de los terroristas en la vida política, no generan el escándalo que deberían. Un claro llamado a reflexionar sobre las implicaciones morales y políticas de las actitudes actuales hacia el terrorismo y sus secuelas en la sociedad vasca contemporánea.