En el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Santander ha tenido lugar la vista oral de un proceso judicial que estudiará las acusaciones entre dos gigantes del sector energético, Iberdrola y Repsol. Este litigio, que ha generado un notable interés mediático, se ha cerrado a la espera de una decisión judicial que se espera conocer a finales de este año o inicios de 2025.

A raíz de esta controversia, Iberdrola ha lanzado un ataque directo a la reputación de Repsol. La compañía energética ha acusado a su rival de incurrir en "engaños publicitarios" mediante el uso de información que no refleja la verdadera naturaleza de su actividad, además de silenciar datos relevantes sobre su sostenibilidad. En respuesta, Repsol ha defendido su posición como un actor comprometido con la transición energética, enfatizando su misión de ser una empresa multienergética.

En el marco del juicio, que se extendió por aproximadamente ocho horas, se presentaron los argumentos de ambas partes a través de sus respectivos peritos y abogados. Esta confrontación judicial ha puesto de manifiesto las diferencias entre las estrategias comunicativas de las dos empresas, así como sus respectivas posiciones en el mercado energético.

El juez Carlos Martínez de Marigorta es el encargado de dictar la sentencia, que se espera en el transcurso de los próximos meses. Por su parte, Iberdrola ha contado con la asesoría de renombradas consultoras y abogados, mientras que Repsol ha reunido un sólido equipo legal para su defensa

Los representantes de Iberdrola sostuvieron que los anuncios y las campañas de Repsol son fundamentalmente "engañosos", ya que no se alinean con la realidad operativa de la petrolera, carecen de coherencia con sus inversiones y omiten informaciones cruciales en materia de sostenibilidad, particularmente en relación a sus emisiones de carbono.

El argumentario de Iberdrola apunta a que la comunicación comercial de Repsol no se corresponde con la realidad de sus operaciones, sugiriendo que la petrolera estaría ocultando información vital al consumidor. Sin embargo, los expertos que testificaron a favor de Repsol destacaron que las acusaciones carecen de fundamento y solicitaron la desestimación de la demanda.

Estos especialistas subrayaron que las campañas publicitarias de Repsol son consistentes con su situación en el mercado y representaron su compromiso real con la diversificación y sostenibilidad, a pesar de que la mayoría de sus ingresos provengan de los hidrocarburos.

A nivel jurídico, esta demanda es innovadora en el contexto español, dado que el fenómeno conocido como ‘greenwashing’ no está tipificado en la ley actual. A nivel europeo, se han establecido objetivos claros sobre la lucha contra el cambio climático, fijando metas ambiciosas para la reducción de emisiones y la neutralidad climática, lo que ha dado pie a normativas que buscan regular prácticas comerciales engañosas.

En este sentido, Iberdrola ha manifestado que la simple discusión sobre el ‘greenwashing’ es un avance positivo que favorece la protección del consumidor, añadiendo que la ciudadanía exige información clara y honesta. La empresa ha afirmado que la sociedad ya ha tomado postura sobre este controvertido asunto.

La disputa legal de Iberdrola está sustentada en la Ley de Competencia Desleal, argumentando que las prácticas de Repsol infringen artículos que prohíben actos de engaño y omisiones engañosas en su comunicación comercial.

Desde Repsol, se ha advertido que el objetivo de Iberdrola es limitar su competencia en el sector eléctrico, donde la empresa ya cuenta con una base de 2,4 millones de clientes. Masters en argumentación, han señalado que Iberdrola utiliza la ley como herramienta para atacar a Repsol mediante acusaciones que consideran sesgadas.

Durante la vista, Repsol reafirmó su liderazgo en la reducción de emisiones y su presencia en sectores bajos en carbono. Además, apuntaron que el organismo regulador ya les había dado la razón en ocasiones anteriores sobre el contenido de sus campañas.

Repsol defendió su derecho a comunicar de manera efectiva sus esfuerzos hacia la transición energética y su meta de alcanzar emisiones netas nulas para el año 2050, un compromiso que ha sido reconocido por diversas entidades internacionales.

La demanda de Iberdrola solicitó que se declare a Repsol como responsable de actos de competencia desleal, pidiendo que cesen estas actividades y se prohíba su repetición, así como la publicación de la sentencia en varios medios, incluido su sitio web y diversas redes sociales, lo que indica la intención de Iberdrola de llevar el debate a una esfera pública más amplia.