IU respalda la investigación a Sidenor por el cuestionado incumplimiento del embargo de armas a Israel.
En el día de ayer, el coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, expresó su firme apoyo a la investigación que se está llevando a cabo contra José Antonio Jainaga, presidente de Sidenor. La razón es la supuesta venta no autorizada de acero a una empresa vinculada al armamento israelí. Maíllo afirmó que es fundamental ser contundentes con un Estado considerado genocida y que el embargo sobre la compraventa de armas debe ser respetado.
Durante su intervención ante los medios, Maíllo subrayó que España no debe desviarse de la posición del embargo y destacó que las decisiones en este ámbito reflejan las "coordenadas morales" de un país. En este sentido, enfatizó que la investigación a Sidenor debe ser el camino a seguir para mantener principios éticos sólidos.
Además, se refirió a la empresa CAF, que fabrica trenes y tiene un contrato con Israel para la construcción del tranvía de Jerusalén. Consideró necesario que el Gobierno Vasco, que tiene participación en la empresa, asegure que no se establezcan relaciones contractuales con Israel, y propuso condicionar la inversión del Ejecutivo a este principio. De no cumplirse, sugirió abrir un debate acerca de la salida del gobierno de CAF.
En cuanto al PSE-EE, Maíllo criticó su asociación con la derecha nacionalista en Euskadi, indicando que es hora de que los socialistas se separen de esa alianza. Para él, una mayor independencia de los socialistas podría facilitar más colaboración con las organizaciones de izquierda en la comunidad.
El dirigente de IU también abogó por un futuro Gobierno vasco de izquierdas, similar al de Navarra, que ayudaría a romper con la "fosilización" de la actual hegemonía del PNV. Sin embargo, admitió que, en este momento, no se dan las condiciones necesarias para que esto suceda.
El llamado a experimentar en el ámbito de la transformación social fue parte de su mensaje, destacando la importancia de avanzar en una democracia más profunda en el país. Sobre EH Bildu, comentó que no tiene una "deuda" relacionada con el pasado de ETA, y valoró que muchos de sus miembros estaban en contra del terrorismo desde sus inicios, lo que les permite trascender ese capítulo histórico.
Maíllo afirmó que Izquierda Unida no teme discutir temas territoriales y defendió una visión federal del país, donde todas las partes tengan voz en un proyecto común, siempre que se garantice una mejora de los derechos sociales. Insistió en que la descentralización y autonomía deben ir acompañadas de políticas que protejan los derechos de todos los ciudadanos, sin distinciones según su lugar de residencia.
En el tema de servicios sociales, dejó claro que no acepta que existan diferencias en los derechos de los trabajadores según su ubicación, y aseguró que todos deben tener un estatus digno vinculado a sus derechos como ciudadanos.
Por otro lado, Maíllo no escatimó en críticas hacia la extrema derecha y su "estrategia de provocación", haciendo alusión a un evento de la Falange en Vitoria-Gasteiz que terminó en incidentes. Si bien reconoció la formativa labor de la educación democrática, consideró que la Falange debería ser ilegalizada en un país que respete la democracia.
Reflexionando sobre las reacciones posteriores a los altercados entre grupos opuestos, lamentó el riesgo de normalizar la violencia y señaló el peligro de tener una postura equidistante entre quienes provocan y quienes defienden la democracia. Concluyó que es un error que algunos partidos se posicionen como si hubiera equivalencia entre los que atacan la democracia y aquellos que la defienden, pero también hizo hincapié en que la violencia no es un método que apoye, especialmente en el contexto del País Vasco.
Finalmente, expresó su sorpresa ante las críticas del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria del PNV, hacia un parlamentario de su partido, acusándole de dar cobertura a los contramanifestantes. Maíllo argumentó que la ansiedad del PNV por preservar su hegemonía en Euskadi les lleva a adoptar posiciones conservadoras, equivocándose al buscar una equivalencia entre grupos que, en su opinión, no deberían ser vistos como iguales.
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