El panorama en el ámbito de la vigilancia penitenciaria en el País Vasco se torna cada vez más inquietante. Recientemente, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao ha hecho llegar a la instancia correspondiente en Vitoria-Gasteiz una investigación que arroja luz sobre la problemática situación que afecta al Centro Penitenciario de Araba (Zaballa). Este informe califica la situación como “alarmante”, destacando las persistentes y colectivas bajas de personal que podrían estar constituyendo, en esencia, una “huelga encubierta”. Este delicado contexto ha suscitado preocupación por la posible existencia de actos que podrían ser considerados ilícitos penalmente, según ha manifestado el Gobierno Vasco.

La Dirección de Justicia del Gobierno Vasco no se ha mantenido al margen y ha decidido comenzar a evaluar de inmediato las medidas disciplinarias que ha solicitado el Juzgado de Vigilancia. Esta acción responde a la crítica escasez de personal en la institución penitenciaria, lo que ha llevado a la interrupción de servicios esenciales que afectan los derechos fundamentales de los internos. El hecho de que estas incapacidades laborales se produzcan en un contexto de emergente crisis laboral dentro del centro es una cuestión que merece ser abordada con seriedad y urgencia.

El Juzgado ha determinado que debe deducirse testimonio para que el juzgado de guardia de Vitoria-Gasteiz asuma la investigación de estos acontecimientos. Este paso busca asegurar que se tomen en cuenta todas las circunstancias que evidencien si se han cometido delitos. A raíz de un auto que recibió la Dirección de Justicia, han salido a la luz informes detallados del director del centro que reflejan la grave falta de recursos humanos, causante del cierre de varios servicios, así como del potencial cierre de talleres y la suspensión de las comunicaciones de los internos con sus familias y abogados.

A pesar de que el director ha aclarado que no hay una convocatoria formal de huelga, sí se ha reconocido la existencia de una comunicación verbal acordada entre el personal, que apunta a la decisión de no realizar horas extras para mantener los servicios del centro penitenciario. Esta situación se produce en el marco de una continua negociación sobre sus condiciones laborales, lo que subraya aún más la tensión existente.

En diciembre, el incremento de las incapacidades laborales ha sido notorio, alcanzando hasta 73 desde el 4 del mes, lo que ha obligado a la administración a implementar medidas provisionales que incluyen la suspensión de permisos y el requerimiento de horas extras, tal como estipula el artículo 286 del Reglamento Penitenciario. Esta oleada de bajas laborales plantea un desafío considerable que debería ser motivo de reflexión sobre el estado actual del sistema penitenciario vasco.

Desde el departamento correspondiente se ha dejado claro que la primera prioridad ha sido siempre garantizar los servicios esenciales para la seguridad tanto de los reclusos como de los profesionales que operan dentro del sistema. Sin embargo, la situación ha sido calificada como “preocupante, insostenible e intolerable”, sugiriendo que efectivamente podría estar en marcha una huelga encubierta que afecta gravemente los derechos de la población reclusa, cuya formación, educación y contacto con el exterior se han visto restringidos.

El comportamiento de los funcionarios que continúan cumpliendo con sus obligaciones es considerado por el juzgado como “encomiable”, pero se advierte que la situación no puede prolongarse indefinidamente. Es por ello que se instó de manera urgente a la Dirección de Justicia a que tome medidas efectivas y rápidas. En este sentido, se ha comenzado a activar bolsas de trabajo, habiéndose comunicado la incorporación inminente de 32 nuevos trabajadores para hacer frente a esta crisis.

Además, el juzgado ha instado a la Dirección de Justicia a estudiar la opción de aplicar medidas disciplinarias contra aquellos funcionarios que han presentado bajas laborales en un marco de acción colectiva. La administración ya trabaja en esta evaluación, siempre manteniendo el respeto por los derechos de salud de los empleados involucrados. La deducción de testimonios al Juzgado de Guardia representa un compromiso por parte del sistema judicial para esclarecer los hechos y su naturaleza jurídica.

La situación inédita por la que atraviesa este centro penitenciario coincide con un tiempo de negociación colectiva, dado que se ha propuesto una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) a la que se añadirán 260 nuevas plazas para resolver el problema de las horas extras y la falta de personal. Este desarrollo responde a un concurso de traslados reciente, del cual se ha informado que hay 195 personas interesadas en participar, quienes deben tomar decisiones en breve.

El departamento de justicia ha manifestado su disposición para continuar con la negociación, mostrando una voluntad favorable al acuerdo. Se han propuesto mejoras económicas concretas para aquellas personas que desempeñan funciones que requieren una carga especial y, en este contexto, se espera que estas iniciativas sean bien recibidas en el ámbito de la función pública. Sin embargo, se ha reiterado que el proceso de negociación se desarrollará en su ámbito correspondiente y no será objeto de debate público.