• martes 27 de septiembre del 2022

La comisión de opinión de crueldad de motivación política ofrece el "reconocimiento y la reparación" de 46 víctimas

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Solicita un "cambio urgente" en las indemnizaciones que "desarrollan flagrantes injusticias en casos de gravísimas violaciones de derechos humanos"

VITORIA, 29 Jun.

La Comisión de Valoración construída por la Ley 12/2016, famosa como Ley de "abusos policiales", ha anunciado este miércoles en el Parlamento Vasco su informe de forma anual que ofrece 46 expedientes para su "reconocimiento y reparación", seis de los que terminaron con el fallecimiento de la víctima, y 28 por tortura o pésimos tratos, y apunta a la Guardia Civil y a la Policía Nacional como primordiales causantes de las vulneraciones registradas entre los años 1961 y 1997.

La letrada Juana Balmaseda y el instructor Jon Mirena Landa, presidenta y coportavoz, respectivamente, de la Comisión, han anunciado frente a la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Justicia del Parlamento Vasco
el informe de forma anual de la Comisión de Valoración construída por la Ley 12/2016, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la crueldad de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999.

La presidenta de la Comisión de opinión, Juana Balmaseda, informó de que, entre los meses de septiembre de 2021 y junio de 2022, se han resuelto 573 expedientes, de los que 46 fueron resoluciones de reconocimiento, 2 peticiones fueron desistidas por la persona interesada, 2 peticiones fueron desechadas --por carecer de elementos probatorios-- y 523 fueron resoluciones de inadmisión.

De las 46 resoluciones, seis corresponden a mujeres y 40 a hombres que, en el instante de los hechos, 21 tenían entre 0 y 21 años; 14 entre 25 y 34 años; siete entre 35 y 49 años y 4, mucho más de 50 años.

Respecto al daño provocado, según el informe, seis murieron, 28 son víctimas de torturas o castigo grave, cinco tienen lesiones por encontronazo de bala, 4 muestran lesiones por pelota de goma, 2 padecen lesiones graves por agresión y un individuo por vulneración de su integridad ética y psíquica.

También señala que, en 18 de las situaciones, el motivo fue la Guardia Civil y en 15 la Policía Nacional. En otros 4, habrían sido causantes los dos Cuerpos en detenciones diferentes, y uno por la Ertzaintza. En ocho casos, se apunta como causante a un "conjunto incontrolado o parapolicial". La mayoría de los hechos, un total de 28, sucedieron entre los años 1971 y 1980; nueve entre los años 1961 y 1970; ocho entre 1981 y 1990; y uno en el año 1997.

Por adscripción de la víctima, nueve pertenecían a partidos o sindicatos, 15 personas están similares con ETA, 14 no tenían afiliación política famosa o eran sin vinculación alguna, 2 no militaban "pero se sentía independentista y abertzale", otras 2 personas eran familiares a personas escapadas a Francia, y 4 personas estaban enlazadas a la civilización vasca.

Tras resaltar la "colosal pluralidad y gravedad" de las situaciones, Balmaseda ha señalado que la Comisión, "siendo expertos en la materia, está frecuentemente agobiada por lo lamentable de las situaciones, y aún mucho más por esta época del padecimiento de las víctimas y sus familiares".

"Esto debería hacernos tomar conciencia de que este no es un tema del pasado. Las víctimas de vulneraciones de derechos humanos reconocidas en esta Ley son personas, mujeres y hombres, que el día de hoy viven entre nosotros. Algunas víctimas han fallecido, pero el mal de sus familiares y conocidos cercanos prosigue el día de hoy muy presente y ha de ser atendido", ha señalado.

De las peticiones inadmitidas, 473 fueron planteadas por integrantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y 50 por personas que padecieron crueldad de motivación política por la parte de ETA o de elementos de su ambiente.

En este sentido, ha recordado que las causas de inadmisión son que "los hechos aducidos no están en el ámbito de la Ley 12/2016 ya que no tiene que ver con hechos o violaciones provocadas por abuso de poder o empleo ilícito de la crueldad estatal, ni existe nexo inmediato ni servible con la actividad de los poderes públicos y del Estado".

Asimismo, ha detallado que de los 523 expedientes que fueron inadmitidos por no hallarse en el ámbito de la Ley, se recibieron 86 elementos de alzada, de los que 15 están fuera de período.

Juana Balmaseda explicó que se tuvieron que dedicar "varios medios y energías" a solucionar las mucho más de 500 peticiones cursadas por integrantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado premeditados en el País Vasco o personas que padecieron crueldad de motivación política por la parte de ETA o de elementos de su ambiente.

"Comprobamos con preocupación que prosigue habiendo actores y colectivos que regularmente se oponen al avance de esta Ley, a la protección de las víctimas que reconoce y a su derecho a la realidad y, en su caso, a la plena reparación", ha denunciado.

Por ello, la Comisión lamenta la actuación "de quienes, en abierta perversión interpretativa contraria al sentido último de la Ley y con mala fe manifiesta, están tratando confundir a estas probables víctimas, encauzando sus necesidades allí donde saben que no tienen la posibilidad de ser atendidas".

"Rechazamos de manera enérgica que haya quien desee manejar el mal de las víctimas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y otra gente afectadas por ETA, al paso que lastra a esta Comisión con un trabajo añadido, dejando de atender a aquellas víctimas que aguardan que sus peticiones reciban una rápida contestación", resalta el informe.

Al respecto, se pide "a esas personas y/o entidades que incitan esta activa por causas espurias, que detengan esas malas prácticas representando a la ética, la decencia política y sobretodo la dignidad de todas y cada una de las víctimas".

Balmaseda ha reiterado que "la inadmisión no responde a que la comisión considere que esas víctimas no meritan un reconocimiento, si no que es por el hecho de que no están en el ámbito de la ley". "Nosotros no somos jueces. No juzgamos a absolutamente nadie, no es nuestra misión. Somos una comisión de opinión", ha insistido.

Por otro lado, la Comisión informó de que ha instado la petición de información a distintas organismos judiciales, policiales, administrativos y/o, sanitarios, a fin de revisar los hechos aducidos.

En total son 84 los trámites de instrucción agregada que se realizaron, lo que ha causado que varios expedientes hayan requerido de un periodo de tiempo de tiempo superior para resolverlos, e inclusive, que alguno de ellos se halle todavía en etapa de instrucción. Actualmente 29 expedientes están en etapa instrucción, de los que, 4 continúan de esta forma desde el año previo.

Según han explicado, en la mayoría de las situaciones, la actitud de las instituciones fué colaborativa, pero han señalado como "en especial obstativa" la actitud de los ficheros militares de los que no pudieron conseguir ninguna documentación de las necesidades cursadas hasta hoy.

Entre las sugerencias del informe, la comisión apunta que la redacción de hoy de la Ley impide, para varias personas reconocidas como víctimas, "conseguir los efectos apropiados de la regla" y ofrece un "cambio urgente" de las indemnizaciones, en tanto que el sistema de hoy "crea flagrantes injusticias en casos de gravísimas violaciones de derechos humanos que o no tienen la posibilidad de ser indemnizados o fuerzan a una indemnización irrisoria, impropia de semejante nombre".

"Una modificación en hondura del producto 9 es urgente y precisa y particularmente derogar la imposibilidad de indemnizar en casos de pésimos tratos y torturas, y enriquecer y flexibilizar las opciones indemnizatorias en teóricos de lesiones sean estas permanentes o no", pide el informe.

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