El 30 de diciembre se ha materializado una nueva legislación en Euskadi que promete cambiar el panorama del sector de la vivienda. La conocida como Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo, ha comenzado a aplicarse desde este martes tras su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, siguiendo su aprobación por los partidos en el poder, PNV y PSE-EE, el pasado 11 de diciembre.

Esta normativa, calificada como "urgente", tiene el propósito de enfrentar lo que se ha denominado emergencia habitacional. El objetivo es adoptar medidas que incrementen rápidamente la oferta de vivienda, particularmente la de protección pública, dejándole claro a la ciudadanía que el acceso a una vivienda digna es un derecho fundamental que debe ser protegido.

Uno de los cambios más notables que introduce esta ley es la reducción del porcentaje de reserva de vivienda de protección pública, pasando del 75% al 60%. Este cambio se enmarca dentro de una lógica que busca movilizar más de 160.000 viviendas disponibles en suelo calificado, de las cuales 75.000 son de protección, pero actualmente no están ocupadas debido a regulaciones ineficaces sobre su uso social.

Dentro de este mismo contexto, se establece que parece ser que se permitirá un aumento del 10% en la edificabilidad urbanística en proyectos que se consideren prioritarios. Este incremento deberá destinarse a la construcción de viviendas protegidas, respetando un mínimo del 55% para la vivienda de protección social y el remanente para vivienda de protección tasada.

Además, la ley prevé facilitar la instalación de alojamientos dotacionales en terrenos clasificados como equipamiento y en edificios existentes, eliminando así ciertas restricciones que podrían entorpecer el desarrollo de estos proyectos. Se establecerán también sanciones para aquellos que incumplan las normativas en zonas clasificadas como de mercado residencial tensionado, buscando así una regulación más efectiva del sector.

Una novedad se presenta al permitir a las autoridades del Gobierno Vasco y a otras administraciones fomentar la construcción de vivienda protegida en áreas rurales o en localidades con menos de 3.000 habitantes, expoliando así el concepto de construcción sostenible y accesible en regiones menos pobladas.

En cuanto a los aspectos ambientales, la ley propone que se optimicen los trámites administrativos relacionados con urbanismo, medio ambiente y clasificación de suelos, incluyendo un esfuerzo por simplificar la evaluación ambiental en los planes de ordenación estructural.

Adicionalmente, se establece una moratoria en la necesidad de presentar declaraciones responsables para nuevas viviendas de uso turístico en zonas de mercado saturado, con la intención de priorizar el derecho a la vivienda por encima de otros intereses comerciales.

Finalmente, se ratifica que la situación actual exige una colaboración más estrecha entre el Gobierno Vasco y los ayuntamientos, enfocándose en la cesión efectiva de suelos que puedan ser utilizados para aumentar el parque de viviendas protegidas en alquiler y, de esta forma, atender adecuadamente la creciente demanda habitacional en la región.