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Política 18 de Junio de 2026 · 09:19h 2 min de lectura

La sentencia del TSJPV complica la investigación por derribo del Irurak Bat

El caso del derribo del palacete Irurak Bat en Getxo se ve afectado por una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). La resolución señala que los bienes de custodia municipal no se convierten automáticamente en bienes culturales protegidos, lo que tiene implicaciones directas en la investigación penal en curso.

El abogado de Ander Madariaga, responsable de Biurban, solicitó la suspensión de las declaraciones de peritos previstas para este viernes. La petición se basa en que la sentencia del TSJPV contradice los indicios de delito contra el patrimonio histórico, al afirmar que el edificio no quedó incluido en la protección de la Ley 6/2019 de Patrimonio Cultural Vasco.

Este fallo judicial obliga a reconsiderar la investigación, pues la demolición del edificio, situado en una zona de custodia municipal, no estaría regulada por la normativa de protección patrimonial. La defensa argumenta que, tras la reforma legislativa de 2023, los bienes de custodia municipal en Getxo permanecen fuera del ámbito de protección cultural automática.

Las implicaciones jurídicas son significativas. La Ertzaintza solicitó acceso a dispositivos electrónicos intervenidos en el marco del caso, pero la petición aún no ha sido resuelta. La sentencia del TSJPV refuerza el argumento de que no existen indicios claros de delito en los hechos investigados.

Desde una perspectiva política, la decisión refleja la tensión entre la protección del patrimonio y los derechos de las empresas promotoras. Además, evidencia la necesidad de clarificar el marco legal para evitar conflictos futuros en casos similares. La situación podría influir en futuras decisiones administrativas y judiciales en la región.

En el contexto actual, la sentencia del TSJPV abre un debate sobre la protección del patrimonio en el País Vasco y la interpretación de la legislación vigente. La resolución podría marcar un punto de inflexión en la gestión del patrimonio municipal y en la estrategia judicial en casos de derribos de edificios históricos.

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