El Gobierno Vasco se encuentra en un proceso de negociación en torno a los presupuestos para 2025 que se aprobarán el próximo 20 de diciembre, con el respaldo de la mayoría formada por el PNV y el PSE-EE.

El proyecto de presupuestos ha avanzado en el Parlamento tras vencer el primer obstáculo, las enmiendas de totalidad que fueron presentadas por los grupos PP, Sumar y Vox. Estas enmiendas fueron desechadas con un resultado de 39 votos en contra, provenientes de los grupos proponentes, y 27 abstenciones de EH Bildu, dejando únicamente nueve votos a favor que sumaron los proponentes.

El Pleno de la Cámara vasca ha decidido rechazar las enmiendas de totalidad, y se prepara para un nuevo debate en la Comisión de Hacienda este jueves, donde se discutirán las enmiendas parciales. Este será un paso previo a la sesión plenaria programada para el día 20, donde se llevará a cabo tanto el debate como la votación final del proyecto presupuestario.

A pesar de que el PNV y el PSE continúan conversando con EH Bildu sobre los presupuestos, la aprobación final de estos el 20 de diciembre parece estar asegurada. Esto es debido a que ambas formaciones políticas disfrutan de una mayoría absoluta en el Parlamento, lo que les permite avanzar sin depender del resultado de las negociaciones con la coalición abertzale.

Durante el debate de las enmiendas, el presidente del PP en el Parlamento Vasco, Javier de Andrés, manifestó su preocupación sobre el crecimiento de la deuda previsto en el presupuesto. Según él, estos fondos estarían destinados a cubrir un incremento significativo del gasto corriente, lo que eleva dudas sobre la sostenibilidad del proyecto, las cuales giran en torno a la previsión de ingresos fiscales, que considera "más que dudosa".

Además, De Andrés subrayó la carencia de inversión en diversas áreas importantes. Criticó la "insuficiente" asignación económica para políticas en salud, seguridad y apoyo a las familias, mientras denunciaba el "crecimiento exponencial" en el número de altos cargos y la falta de respuestas adecuadas a la demanda de vivienda. Reiteró que la aprobación de estos presupuestos no debería ser considerada como un voto de confianza hacia el Gobierno actual, argumentando que bajo su gestión, la educación ha empeorado, la inseguridad va en aumento, y la situación de la vivienda se vuelve cada vez más complicada.

En un giro diferente, el parlamentario del Grupo Mixto-Sumar, Jon Hernández, criticó al Gobierno por no ofrecer "ningún margen de negociación" en lo que considera un proyecto "inamovible". Según él, su única alternativa viable es solicitar la devolución de unas cuentas cuyas directrices consideran inaceptables.

Hernández también añadió que este presupuesto no fomenta la cohesión social necesaria, ni fortalece la resiliencia climática, mucho menos promueve un modelo económico que beneficie a toda la ciudadanía. Esta serie de fallos, en su opinión, es inaceptable y no se alinea con las necesidades de la población vasca.

Por otro lado, la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, defendió su enmienda al argumento de que este presupuesto pretende ser "la pista de despegue" para facilitar una "fractura constitucional". Afirmó que el proyecto tiene el objetivo de preparar el terreno para un nuevo "estatus político", lo cual, desde su perspectiva, no se ajusta a lo que establece la Constitución Española y busca sustraer la soberanía que pertenece a la totalidad del pueblo español.

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