El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria (MPHE) ha solicitado al Gobierno Vasco que facilite el uso de sus competencias en la próxima evaluación del informe que permitirá avanzar en la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), cuyo propósito es incrementar las pensiones mínimas en la comunidad autónoma, alineándolas con el salario mínimo interprofesional (SMI).

En un comunicado lanzado por el MPHE, se informa que a partir del 8 de septiembre reanudarán sus protestas a nivel regional. Estas movilizaciones buscan principalmente asegurar el progreso de la tramitación parlamentaria de la ILP que beneficia a numerosos pensionistas, en especial a mujeres, que representan la mayoría de los afectados.

La comisión detrás de la ILP planea presentar un detallado plan de trabajo en la reunión del 2 de septiembre organizada por la coordinadora del Movimiento de Pensionistas. Con este enfoque, buscan trazar los pasos necesarios para culminar el proceso legislativo establecido.

El próximo 8 de septiembre marca el cierre del plazo durante el cual el Gobierno Vasco debe pronunciarse sobre la legalidad de la iniciativa. Desde el movimiento se espera un dictamen favorable, considerando que la ILP podría beneficiar a unos 90.000 pensionistas en la comunidad.

El MPHE ha subrayado que, según la ley 10/2016 que regula la ILP, las materias que no pueden ser legisladas son aquellas fuera de las competencias de la comunidad autónoma. Además, hacen referencia a un escrito previo de la Mesa y los Servicios Jurídicos del Parlamento Vasco, que confirma la competencia de crear un sistema de complementos para pensiones en Euskadi.

El movimiento destaca que ahora es el momento adecuado para hacer valer estas competencias y resalta la dificultad que enfrentan muchos pensionistas debido a la elevada costumbre de vida y la inflación que registran en el País Vasco. Aseguran que las actuales pensiones de la Seguridad Social no son suficientes para mantener un nivel de vida digno.

Asimismo, mencionan la Ley 4/2005, que establece la igualdad entre hombres y mujeres, enfatizando que el Gobierno Vasco tiene la obligación de sanar las desigualdades que afectan a las mujeres, quienes, por diversas razones, suelen percibir pensiones más bajas.

El MPHE critica que el actual sistema de Renta de Garantía de Ingresos (RGI) es inadecuado para los pensionistas, ya que se centra en quienes están en edad activa y no toma en cuenta las circunstancias personales de los beneficiarios. Esto crea situaciones donde las personas son evaluadas bajo la unidad de convivencia, que, a menudo, afecta negativamente a las mujeres en relación con su pensión.

El colectivo argumenta que la ley actual ha tenido un impacto limitado, con solo 15.000 pensionistas beneficiados, y reivindican el derecho a una renta digna sin depender de las dinámicas de convivencia. Insisten en que cada pensionista debe tener acceso a una renta que les permita vivir con autonomía.

La extensión del informe jurídico que ha solicitado el Gobierno Vasco, aunque no sea vinculante, no debería constituir un obstáculo para avanzar en la tramitación de la ILP, según el punto de vista de los pensionistas. Argumentan que esta iniciativa es una competencia legítima que aborda una injusticia histórica hacia las mujeres, además de demandar la necesidad de asegurar independencia económica a las personas mayores.

Finalmente, el movimiento recalca que no tiene sentido obstruir una propuesta que cuenta con un amplio respaldo de organizaciones sindicales, sociales y feministas, así como el apoyo de miles de ciudadanos. Consideran que esta ILP también atiende a un llamado institucional para fortalecer la participación ciudadana en el proceso legislativo, favoreciendo una mejor democracia en la región.