ONGs vascas critican al Gobierno por su falta de acción en la Ley de Cooperación y los recortes en el presupuesto.

En Bilbao, el 24 de marzo, se ha expresado la preocupación de la Coordinadora de ONGD de Euskadi respecto al avance de la Ley vasca de Cooperación. Esta agrupación ha señalado una notable "dejadez" por parte del Gobierno Vasco, mencionando que los progresos en áreas específicas han sido excesivamente lentos y han sufrido de incumplimientos presupuestarios. Además, han criticado la actitud del Ejecutivo autonómico, el cual parece estar ignorando la acuciante realidad internacional.

Durante un encuentro con la prensa en Bilbao para conmemorar el segundo aniversario de la ley, las organizaciones no gubernamentales han lamentado que, pese al consenso que rodeó su creación, el impacto real ha sido decepcionante. La ley ofreció numerosas promesas y mejoras, pero, dos años después, la valoración es negativa, según las ONGD.

Sonia González Martín, vicepresidenta de la coordinadora, ha enfatizado la falta de acción del Gobierno Vasco en la implementación de la ley, señalando que no se han convocado espacios decisionales adecuados para abordar los temas pendientes y que los presupuestos han sido recortados por primera vez en diez años. González también ha criticado la postura de la administración autonómica ante el contexto internacional tenso y conflictivo.

Particularmente alarmante ha sido la modificación de la ley de Cooperación que se realizó el pasado diciembre, donde el Parlamento vasco permitió que el sector público colabore económicamente con empresas vinculadas a la producción y comercialización de armamento, siempre que se enmarquen dentro de la Estrategia Europea de Seguridad. Este cambio legislativo se motiva en la necesidad de reducir 325 millones de euros en inversiones que puedan tener un uso militar.

La coordinadora ha reiterado el papel fundamental que debe desempeñar la cooperación vasca frente a un panorama global marcado por el aumento de regímenes autoritarios y la restricción de derechos fundamentales. Según han mostrado, el informe del Civicus Monitor indica que solo un 7% de la población mundial vive en países con un espacio cívico libre o relativamente abierto, y los contextos en los que operan estas ONGD suelen ser mucho más restrictivos.

Otro aspecto preocupante es el aparente retroceso en la ayuda oficial para el desarrollo, que se ha intensificado tras el recorte de Estados Unidos en la USAID, un problema que se está extendiendo a Europa. Para que las ONGD vascas continúen su labor, sus líderes han subrayado la necesidad de un compromiso político junto con suficientes recursos económicos, alertando que los presupuestos de 2026 ya han sufrido su primer recorte en diez años, reduciendo la ayuda de cooperación en 2,5 millones de euros respecto al año anterior.

Desde la coordinadora han manifestado que esto representa un incumplimiento grave de la Ley de Cooperación, así como de diversos acuerdos y planes establecidos. González ha recordado que la ley exige un incremento en el presupuesto de cooperación que esté al menos a la par con el presupuesto general, lo que dejaría un déficit real de más de 7,5 millones de euros. Además, se esperaba alcanzar un 0,7% en la asignación de fondos para cooperación.

Según un análisis anual de la Coordinadora de ONGD, el Gobierno Vasco y otros organismos destinan solo un 0,35% a cooperación, el porcentaje más bajo de la última década, mientras que hace seis años era del 0,40%. Específicamente, el Ejecutivo autonómico destina un 0,31%, las diputaciones un 0,40% y los ayuntamientos más de un 0,50%.

A pesar de los recortes del Gobierno Vasco, las ONGD vascas aspiran a compensar este descenso mediante aumentos en la ayuda de desarrollo proveniente de instituciones como las diputaciones de Gipuzkoa y Álava, que podrían agregar más de 3 millones de euros en asistencia.

Con la mirada puesta en los futuros debates presupuestarios, la coordinadora ha hecho un llamado para lograr "acuerdos amplios y compromisos claros" en pro de la cooperación internacional. También han manifestado la necesidad de que los presupuestos de 2027 contemplen un avance significativo hacia el objetivo del 0,7% en asistencia al desarrollo.

De acuerdo con el 'Informe del Sector 2025', la Coordinadora está compuesta por 83 ONGD con una base de 117.586 personas involucradas. Estas agrupaciones están comprometidas con 909 iniciativas en 69 países, abarcando áreas esenciales como la salud, la educación y la defensa de derechos humanos.

El delegado de Gipuzkoa en la Coordinadora, Iñigo Odriozola, ha resaltado la fortaleza del sector y su arraigo en Euskadi, así como su impacto en más de 5,7 millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, se estima que esta cifra podría ser considerablemente mayor al incluir contextos como el de Palestina.

En su labor educativa, las ONGD también están comprometidas con la transformación social, ofreciendo programas que buscan despertar una conciencia crítica en la sociedad vasca sobre las injusticias a nivel global. El 87% de estas organizaciones cuenta con experiencia en este ámbito, habiendo implementado proyectos en educación en 88 municipios y más de 550 centros educativos.

Finalmente, Odriozola ha planteado que uno de los retos más críticos para el sector es profundizar en la educación formal alineada con la Ley vasca de Cooperación y la Ley de Educación, instando a incorporar la Educación para la Transformación Social en los planes de estudio, tanto en educación universitaria como no universitaria.