El partido político Sumar ha instado enérgicamente a las autoridades vascas a terminar con la privatización del acceso al aborto en la comunidad autónoma de Euskadi.

Vitoria, a 10 de octubre. El lehendakari Imanol Pradales anunció que a partir de 2026, todas las mujeres que requieran interrumpir su embarazo podrán hacerlo mediante los recursos públicos de Osakidetza, en sus hospitales y centros de salud, cumpliendo así con el compromiso establecido en el Pacto Vasco de Salud, que busca evitar un aumento en la actual tasa de concertaciones y reforzar la atención pública.

Durante una sesión en el Parlamento Vasco, Pradales fue cuestionado por Sumar sobre las garantías para el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo dentro del sistema sanitario. El lehendakari destacó que en 2024 se registraron 4.210 interrupciones en Euskadi, afirmando que la sociedad vasca ha defendido este derecho en base a principios de autonomía, salud, igualdad de género y dignidad humana.

Además, subrayó que el acceso a abortos seguros es fundamental para asegurar la justicia social y el respeto por los derechos humanos; actualmente, todas las mujeres en Euskadi tienen este servicio garantizado bajo condiciones de igualdad y universalidad dentro del sistema sanitario.

Este compromiso es parte de una estrategia pública que busca optimizar la colaboración entre el sector público y privado. La intención es combinar los mejores resultados del sistema público con la colaboración de entidades privadas, para asegurar la calidad y sostenibilidad de los servicios de salud.

Pradales aclaró que esta estrategia permitirá mantener la actual tasa de concertaciones sin incrementos, y que Osakidetza debe potenciar su capacidad para ofrecer estos servicios con sus propios recursos.

“Todas las mujeres que deseen abortar en Euskadi tienen garantizado este derecho dentro del sistema público, sin excepciones. Así debe ser”, sentenció el lehendakari.

En contraste, Pradales criticó la actitud de la ministra de Sanidad, Mónica García, también de Sumar, quien no ha respondido ni ha ofrecido soluciones a varias propuestas del Gobierno Vasco, entre ellas la de elevar la edad de jubilación voluntaria a 72 años y mejorar el acceso a médicos residentes en Atención Primaria frente a la escasez de profesionales en este sector.

El lehendakari catalogó como “inadmisible” que los ciudadanos vascos financien el 60% del Fondo de Cohesión Sanitaria, pese a representar solo el 5% de la población nacional.

En respuesta, Jon Hernández, parlamentario de Sumar, argumentó que el derecho al aborto en Euskadi está en manos privadas, dado que más del 95% de los abortos se realizan en clínicas no públicas.

Hernández afirmó que este derecho debería ser garantizado por la sanidad pública, con un enfoque en la realización de los procedimientos en el sistema público, en lugar de la actual práctica de derivarlos a clínicas privadas. Criticó además que, pese a la aprobación de abortos en la red pública en 2024, la garantía del derecho a la interrupción voluntaria sigue sin funcionar adecuadamente.

Finalmente, Sumar expresó su preocupación de que las solicitudes de interrupción se derivan a Osakidetza, pero terminan en clínicas privadas. Hicieron un llamado a poner fin a la privatización del derecho al aborto, demandando cambios en esta política de externalización.