En un contexto de creciente preocupación acerca de la crisis de la vivienda, el portavoz parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha solicitado un cambio radical hacia una política de vivienda orientada fundamentalmente hacia lo público. Durante una reciente intervención, Otxandiano destacó la necesidad de implementar instrumentos de intervención que permitan regular los precios en un mercado inmobiliario que, según sus palabras, está "fuera de control". Este enfoque viene a enmarcarse en una crítica más amplia al modelo neoliberal que, a su juicio, ha fracasado en la gestión de la vivienda.

A través de sus redes sociales, Otxandiano subrayó que el año 2025 debería marcar un punto de inflexión, con la implementación de varias reformas políticas clave. Entre estas reformas, mencionó la creación de una política de vivienda pública proactiva, la instauración de un Salario Mínimo Interprofesional adecuado, la eliminación del objetivo de lucro en la prestación de servicios de cuidado y el establecimiento de una nueva fiscalidad que supere los principios neoliberales actuales.

El líder abertzale también recordó que su partido ya ha presentado una propuesta concreta al consejero de Hacienda de la comunidad vasca, Noël D’Anjou. Esta propuesta incluye medidas específicas en los cuatro ámbitos mencionados y busca abrir un canal de negociación que permita a EH Bildu respaldar las cuentas públicas de la comunidad para el año 2025.

Respecto a la problemática de la vivienda, Otxandiano argumentó que las actuales políticas se basan en una visión en la que el mercado es considerado el principal proveedor de viviendas. Tras esta premisa, el Estado se ve obligado a intervenir para corregir los "fallos" del mercado a través de deducciones fiscales y avales, un enfoque que, según él, ha demostrado ser un fracaso rotundo.

En su análisis, Otxandiano reveló que actualmente se están destinando alrededor de 150 millones de euros a diversas prestaciones relacionadas con la vivienda, incluyendo iniciativas como Bizigune, Gazte-lagun y la Prestación Económica para la Vivienda, además de unos 300 millones que se gastan en deducciones fiscales por compra. Juntas, estas partidas suman cerca de 450 millones de euros, un monto que contrasta con el presupuesto total del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana, que asciende a 446 millones. Esta disparidad refleja, según Otxandiano, el incremento en el gasto en un contexto donde los problemas agravados de vivienda persisten sin solución.

Frente a este panorama, el portavoz de EH Bildu pidió que se tome como referente las políticas de vivienda de los países europeos más avanzados. Sostuvo que existen suficientes recursos y un marco legal adecuado para avanzar en esta dirección, subrayando que es indispensable adoptar una política de vivienda pública que aproveche al máximo las herramientas disponibles en la legislación actual.

Otxandiano también criticó a quienes, en su opinión, se centran únicamente en estimular la oferta, manteniendo una visión optimista de que eso podría ser suficiente para resolver la crisis, sin tomar en cuenta la necesidad de reformas estructurales en la política de vivienda.

Al observar el contexto europeo, advirtió que las nuevas inversiones en la construcción de viviendas ya han alcanzado niveles alarmantes, comparables a los de la anterior burbuja inmobiliaria en la UE-27. Pese a la recuperación en la construcción, los precios siguen inflándose, y el uso de la vivienda como activo de inversión se ha convertido en un factor determinante en esta escalada. Según Otxandiano, aumentar la oferta sin modificar las condiciones del mercado solo agravará la situación existente.

Por último, hizo un llamado a la acción, enfatizando la necesidad de ser "radicalmente realistas" y de poner en marcha políticas públicas robustas que enfrenten los retos sociales actuales. Su propuesta aboga por el establecimiento de un nuevo contrato social que supere el legado del neoliberalismo y responda a las urgentes necesidades de la ciudadanía en materia de vivienda.