En una reciente decisión de gran relevancia, la Audiencia de Gipuzkoa ha declarado inocentes a los padres acusados de presuntamente intentar asesinar a su bebé de dos meses, en un caso ligado al síndrome del niño zarandeado ocurrido en octubre de 2023. El tribunal concluyó que no hay evidencia suficiente que confirme de manera contundente que las lesiones sufridas por la menor en el Hospital Donostia fueran causadas por un acto de violencia.

En su sentencia, emitida el pasado miércoles, el tribunal dejó claro que no se encontraron pruebas adicionales que respaldaran la afirmación de que las lesiones de la bebé, que incluían edema cerebral, hemorragias retinianas y hematoma subdural, fueran el resultado de un zarandeo. Esta decisión abre la puerta a la posibilidad de un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

La Sala destacó que la literatura en el ámbito médico-legal critica la idea de que la merecida atención a la triada de lesiones sea suficiente para concluir que hubo un zarandeo. Insisten en la necesidad de corroborar tales afirmaciones con evidencia adicional, lo que no se presentó en este caso, donde también se desestiman antecedentes de un entorno hostil o negligente en el cuidado de la niña.

Además, el tribunal mencionó informes que sugieren que las lesiones de la menor podrían estar vinculadas a una condición médica natural y no a un trauma, con antecedentes documentados antes y después del parto. También se indicó que el seguimiento posterior al alta reveló nuevas lesiones que no pueden ser atribuibles a un zarandeo, sino que, probablemente, se originen de condiciones no traumáticas inherentes a la niña.

La conclusión de la Sala es clara: las evidencias científicas actuales no permiten determinar con certeza que las lesiones fueran causadas por un acto malicioso. La ausencia de pruebas contundentes lleva a considerar otras explicaciones viables, lo que obliga a absolver a los acusados de cualquier responsabilidad penal en este caso.

Además, los magistrados subrayaron que, aun si se hubiera demostrado que hubo un acto de zarandeo, no habría suficientes pruebas para vincular a uno de los acusados con dicha acción, llevando también a la absolución. A lo largo del juicio, se presentaron pruebas abundantes sobre la condición médica de la niña, pero no se ofrecieron evidencias que pudieran identificar cuándo y quién habría realizado el presunto abuso, si es que realmente ocurrió.

El proceso judicial se realizó en septiembre de 2025, donde los padres demandaron la oportunidad de ser una familia para su hija. A pesar de sus intentos por demostrar su compromiso parental, la situación de la menor en la que se encontraba bajo la tutela de sus tíos fue desestimada por la Diputación foral de Gipuzkoa en enero de 2024, que tomó medidas precautorias al suspender temporalmente la patria potestad de los progenitores.