Parlamento Vasco rechaza limitación de suelo urbanizable propuesta por EH Bildu.
El Parlamento Vasco ha rechazado la proposición de ley presentada por EH Bildu para modificar la Ley del Suelo y evitar la especulación. La ley propuesta habría devuelto automáticamente la calificación de no urbanizable a los suelos urbanizables que no inicien obras transcurridos 12 años desde su calificación. Según EH Bildu, existen numerosos suelos urbanizables que aún no han sido desarrollados pese a su calificación hace más de una década.
La iniciativa de EH Bildu solo ha recibido el apoyo de su propio grupo político. Elkarrekin Podemos-IU se ha abstenido mientras que el resto de partidos, incluyendo PNV, PSE, PP+Cs y Vox, han votado en contra.
Elena Lete, parlamentaria del PNV, ha señalado que la Ley del Suelo ya prevé la necesidad planteada por EH Bildu. Mientras, María Jesús San José del PSE ha criticado la propuesta de ley argumentando que la Ley de Suelo y Urbanismo ya establece los mecanismos para solucionar los problemas planteados por EH Bildu sobre la especulación del suelo y ha señalado que los ayuntamientos tienen músculo económico suficiente.
La coalición independentista propone una modificación puntual de la Ley del Suelo de la CAPV de 2006 para garantizar la sostenibilidad del suelo. La propuesta establece un nuevo mecanismo de ajuste automático de la oferta urbanística excesiva para devolver a su situación anterior el suelo urbanizable no desarrollado durante la vigencia del plan de ordenación urbana. La propuesta solo afecta a los pueblos y ciudades de más de 20.000 habitantes y solo cuando se colonizan nuevos suelos.
La proposición de ley ha recibido críticas de los partidos no independentistas. Iñigo Martínez de Elkarrekin Podemos-IU ha expresado que su grupo comparte los objetivos de la propuesta de ley pero tienen dudas razonables con la reclasificación automática de suelo urbanizable a no urbanizable por el mero paso del tiempo. Mientras, Muriel Larrea del PP+Cs ha rechazado la iniciativa señalando que establecer una fecha de caducidad para los procesos de desarrollo urbano podría generar incertidumbre para los promotores y las empresas involucradas.