En Bilbao, el 16 de mayo, se ha dado un paso significativo en el Congreso por parte del Partido Nacionalista Vasco (PNV), que ha presentado una proposición para reformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Esta medida busca consolidar el papel del Tribunal como la máxima autoridad en lo que respecta a los traspasos de competencias, con el fin de evitar que sean los tribunales ordinarios quienes obstaculicen estos procesos, tal como ocurrió recientemente con la validación de títulos universitarios extranjeros.

La decisión del PNV llega tras la controversia generada por la anulación en abril por parte del Tribunal Supremo de la transferencia de competencias a Euskadi, un acuerdo previamente establecido entre las administraciones estatal y autonómica.

En una entrevista con Euskadi Irratia, Maribel Vaquero, la portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, expresó su desacuerdo con el hecho de que algunos "tribunales ordinarios" impidan las transferencias que, según ella, son un avance para la ciudadanía de la comunidad. Vaquero argumentó que es fundamental que el Tribunal Constitucional asuma el papel de última instancia en estos asuntos para garantizar que las decisiones pactadas entre los gobiernos se respeten.

“Solicitamos que el Tribunal Constitucional sea la autoridad final en estas disputas de competencias”, afirmó la portavoz. Actuaciones previas de los tribunales ordinarios han llevado a la suspensión de decisiones tomadas en las comisiones entre el gobierno español y el vasco, lo que podría poner en riesgo el bienestar de los ciudadanos.

Con el propósito de establecer un "árbitro neutral", el Grupo Vasco espera que el Tribunal Constitucional pueda finalmente definir el curso de las competencias y evitar bloqueos innecesarios.

Esta iniciativa también responde a un compromiso que Vaquero había anticipado hace una semana en una consulta parlamentaria a Pedro Sánchez, del que el PNV espera un apoyo tangible.

Vaquero defendió que las decisiones tomadas en las comisiones bilaterales, especialmente en relación a la homologación de títulos universitarios, son esenciales para el beneficio de la ciudadanía. “La anulación de esta competencia ha dejado a 200 profesionales de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud en una situación incierta. Nuestro objetivo es asegurar que las transferencias acordadas se ejecuten de inmediato”, remarcó.

La propuesta registrada destaca que los acuerdos en las comisiones mixtas de transferencias y en las juntas de seguridad son elementos clave que contribuyen a la estructura del bloque de constitucionalidad, particularmente en lo que respecta a la distribución de competencias.

La iniciativa señala que el artículo 161.1.c) de la Constitución otorga al Tribunal Constitucional la facultad de resolver conflictos de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas, así como entre las autonomías. En este sentido, se hace hincapié en la necesidad de establecer un procedimiento que permita al Tribunal Constitucional revisar las interpretaciones relativas a las competencias, siguiendo lo establecido en el artículo 123.1 de la Constitución.