VITORIA, 11 de diciembre.

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) y el Partido Socialista de Euskadi-EE (PSE-EE) han llevado a cabo la aprobación en solitario de su nueva Ley de Medidas Urgentes en el ámbito de la Vivienda, Suelo y Urbanismo, que incluye un conjunto de iniciativas destinadas a simplificar las normativas existentes y acelerar los trámites para fomentar la construcción de viviendas. Entre los aspectos más destacados de esta ley se encuentra la reducción de la obligación de reservar el 75% del suelo para viviendas de protección pública, que ahora baja al 60%.

La votación en el Parlamento Vasco otorgó un respaldo de 39 votos a favor, provenientes exclusivamente del PNV y el PSE-EE, mientras que 35 representantes de EH Bildu, PP, Sumar y Vox expresaron su oposición. Cabe mencionar que, en el proceso de votación de algunos puntos específicos, se observaron ciertas abstenciones.

La ley subraya la urgencia de implementar "medidas integrales y estructurales" necesarias para abordar la emergencia habitacional actual, solicitando la implementación inmediata de estrategias que incrementen la oferta de viviendas, especialmente de aquellas protegidas, y garantizando el derecho al acceso a una vivienda digna de manera efectiva.

Asimismo, se señala que en Euskadi hay suelo clasificado capaz de albergar más de 160,000 viviendas, de las cuales 75,000 son protegidas, pero que no se están utilizando debido a diversas condiciones urbanísticas, económicas y medioambientales. De esta manera, estos recursos "no cumplen su función social".

En este escenario, la nueva normativa permite bajar la reserva obligatoria de vivienda de protección pública del 75% al 60%, asegurando, como mínimo, el 55% para vivienda de protección social y un 5% adicional destinado a viviendas de protección tasada.

Además, se establece que si se aplica un incremento del 10% en la edificabilidad urbanística para proyectos prioritarios, toda esta expansión se dedicará a la construcción de viviendas de protección pública, respetando el 55% mínimo para la protección social y utilizando lo restante para la vivienda tasada.

También se implementan medidas para facilitar la creación de nuevos alojamientos en terrenos designados como equipamientos y en edificios ya existentes, así como un régimen sancionador relacionado con faltas en la declaración de áreas de mercado residencial tensionado.

Este capítulo incluye la posibilidad de establecer alojamientos en suelos que el plan urbanístico califique como equipamiento, sin necesidad de modificar esta calificación, siempre que se justifique la no necesidad del equipamiento previsto inicialmente.

Adicionalmente, se contempla que el Gobierno Vasco y otras administraciones públicas puedan promover vivienda de protección pública en zonas rurales y en localidades con poblaciones iguales o menores a 3,000 habitantes.

En otro aspecto de esta normativa, se añaden novedades en cuestiones ambientales. Se alinean los procedimientos urbanísticos, ambientales y de suelo, identificando casos que permitan una evaluación ambiental estratégica simplificada para ciertas modificaciones en los planes de ordenación estructural y otros instrumentos de ordenación detallada.

Por otro lado, se contempla la suspensión de la presentación de declaraciones responsables para nuevas viviendas de uso turístico en áreas de mercado residencial tensionado, una medida que se justifica en el interés general de salvaguardar el derecho a la vivienda.

La legislación también plantea la necesidad de "agilizar" la transferencia de terrenos en el marco de un acuerdo interinstitucional amplio entre el Gobierno Vasco y los diferentes ayuntamientos para abordar la "urgencia habitacional" actual.

El propósito es facilitar una transferencia recurrente de suelo al Gobierno Vasco, constituyendo así una reserva estratégica que permita al Departamento de Vivienda y Agenda Urbana planificar adecuadamente y responder a la demanda de vivienda protegida en alquiler.

Durante el debate, el representante del PNV, Jonatan Moreno, defendió que esta norma está diseñada para ofrecer soluciones a la clase media y a la juventud, distanciándose de los extremos ideológicos y de las ideologías más rígidas. Declaró que la ley representa un paso hacia una solución para el problema habitacional, criticando a la oposición por crear un ambiente de "miedo" en lugar de contribuir a un cambio real en la situación de vivienda en Euskadi.

Por su parte, Eneko Andueza, secretario general del PSE-EE, argumentó que la complejidad legal y burocrática actual prolonga innecesariamente los procesos urbanísticos, haciendo más difícil la respuesta a las necesidades de vivienda que demanda la ciudadanía. Añadió que un 70% de los vascos vive en municipios con tensiones en el mercado de vivienda, donde los precios han aumentado considerablemente más allá de la inflación y de los ingresos medios.

Desde EH Bildu, Xabier Astigarraga criticó la falta de disposición del PNV y el PSE-EE para negociar, acusándolos de manipular el trámite de la ley para apresurar su implementación. Además, consideró la ley como una medida "mercantilista" enfocada en beneficiar al "lobby inmobiliario", alertando que supone un retroceso al priorizar los intereses de los promotores sobre la vivienda protegida y despreciar las garantías medioambientales.

La parlamentaria del PP, Ana Morales, objetó que la disminución en la reserva de suelo para vivienda social propuesta es insuficiente para estimular la actividad y el mercado, proponiendo en cambio el modelo de vivienda que impulsa su partido en la Comunidad de Madrid. Calificó, además, las iniciativas en la ley como "populistas" y dirigidas a encontrar culpables en las viviendas turísticas, subrayando que el actual modelo en Euskadi es excesivamente restrictivo y que ha llevado a la comunidad a tener las viviendas más costosas de España.

El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, manifestó que la rebaja en la reserva de suelo para protección social busca beneficiar a quienes se lucran en el sector, afirmando que ello ignora el interés general en torno a la necesidad de vivienda. Finalmente, la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, denunció que la ley implica un uso abusivo de la función social de la vivienda y demandó la derogación de las referencia a las 'zonas tensionadas', calificando estas medidas como invasivas respecto a la propiedad privada.