El lehendakari Imanol Pradales ha salido al paso de las acusaciones que vinculan a la empresa CAF con el genocidio en Gaza, defendiendo su papel en la construcción del tren ligero de Jerusalén. Pradales, en un pleno del Parlamento Vasco, rechazó las afirmaciones del parlamentario de Sumar, Jon Hernández, quien instó al Gobierno Vasco a tomar medidas para que CAF abandone el proyecto que, según él, está asociado a la ocupación de Palestina.

Durante su intervención, el lehendakari advirtió que "no todo vale en política", subrayando lo grave de las acusaciones que se han lanzado contra CAF, a la que se le ha tildado de corresponsable de genocidio. Pradales enfatizó que el proyecto del tren ligero ha sido catalogado por algunos como "criminal" desde la perspectiva de la ONU, pero él se opone a esas valoraciones sin fundamento.

“Ya es suficiente con señalar en una democracia”, afirmó Pradales, resaltando las peligrosas implicaciones de tales discursos. Al respecto, recordó la historia reciente de cómo inician las campañas de estigmatización y la seriedad de su desenlace, sugiriendo que el clima político actual puede estar alimentando divisiones peligrosas.

En su respuesta, Pradales hizo hincapié en que la verdadera responsabilidad del conflicto y la violencia en Gaza recae sobre el gobierno de Netanyahu. El lehendakari rechazó categóricamente la idea de que el sufrimiento del pueblo palestino sea utilizado como un instrumento político por parte de algunas formaciones.

Por su parte, Hernández continuó sosteniendo que la participación de CAF en el proyecto refuerza la política de "apartheid" promovida por Israel. Subrayó que el derecho internacional califica como criminal la construcción en territorios ocupados, describiendo el tren ligero como una herramienta que perpetúa asentamientos ilegales y viola derechos humanos fundamentales.

El parlamentario de Sumar criticó al Gobierno Vasco por querer "defender a la empresa" y señaló su preocupación de que el Ejecutivo autonómico Dude de la naturaleza ocupacional del proyecto. Esto, argumentó, está en contradicción con lo que se debería esperar de un gobierno que protege los derechos humanos y la legalidad internacional.

En respuesta a esto, Pradales demandó a Sumar coherencia, recordando que su partido exige en Euskadi acciones que, sin embargo, no aplican en el ámbito nacional. En Madrid, su formación forma parte del Gobierno y el Ministerio de Asuntos Exteriores consideró legalmente el contrato en cuestión, sin encontrar obstáculos éticos o legales para su firma.

El lehendakari reafirmó que CAF actúa de acuerdo a los más altos estándares de responsabilidad empresarial y que realiza su labor en conformidad con las pautas de la ONU. Pradales también mencionó que antes de firmar el contrato, la empresa realizó un exhaustivo análisis legal con la intervención de expertos independientes y la guía de la OCDE, lo que ratifica la legalidad del proyecto.