En un contexto de creciente preocupación por la situación del mercado de la vivienda, el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha advertido que resolver este complicado problema no se puede lograr simplemente a través de la promulgación de una ley. Durante una reciente comparecencia, Goia subrayó que aunque se ha solicitado al Gobierno Vasco que declare a la ciudad como zona de mercado residencial tensionado, no debemos engañarnos pensando que esta medida es la solución mágica que resolverá todos los inconvenientes relacionados con la vivienda.

El alcalde, junto a la concejala de Planificación Urbanística y Vivienda, Nekane Arzallus, presentó los detalles del procedimiento que han seguido para llevar a cabo esta solicitud. Goia enfatizó la urgencia con la que se han elaborado los documentos necesarios, que fueron aprobados por el pleno del Ayuntamiento, y aseguró que San Sebastián cumple con los criterios de la Ley de Vivienda que definen las zonas tensionadas, dado que el coste medio del alquiler supera el 30% de los ingresos de los hogares, alcanzando un alarmante 31,6% en el caso de la ciudad.

El Ayuntamiento ha elaborado un informe que combina una memoria justificativa y un diagnóstico sobre la situación de la vivienda en San Sebastián, el cual ha sido compartido con diversas entidades, incluidos grupos municipales, asociaciones del sector inmobiliario y organizaciones sociales. Según las conclusiones del diagnóstico, existe un notable riesgo de insuficiencia en la oferta de viviendas a precios accesibles, presentando así un reto significativo para los grupos más vulnerables de la población.

En consecuencia, la Administración local ha pedido que se apliquen las medidas y facultades administrativas especificadas en la ley para corregir estos desequilibrios en el mercado de la vivienda, proponiendo un plan que se prevé ejecutar en un horizonte de tres años. En términos de impacto inmediato, la concejala Arzallus explicó que la declaración de zona de mercado residencial tensionado regulará los precios de los alquileres, con el fin de evitar que se disparen.

Una de las claves del plan es la diferenciación entre pequeños propietarios, aquellos con menos de cinco inmuebles, y grandes tenedores, quienes poseen cinco o más. En el caso de los pequeños propietarios, los nuevos contratos de alquiler estarán limitados al último precio de renta, con incrementos restringidos en determinadas circunstancias. Por otro lado, para los grandes tenedores, el precio de los alquileres se ajustará siempre al Índice de Precios de Referencia.

Respecto a los contratos de arrendamiento existentes, los inquilinos tienen el derecho de solicitar hasta tres prórrogas anuales en idénticas condiciones. La concejala también reveló que el Ayuntamiento prevé crear un parque de viviendas adecuadas que cumplan con criterios de habitabilidad y eficiencia energética, anticipando la construcción de 1.900 nuevas viviendas para 2027, más de la mitad de ellas bajo algún régimen de protección pública.

A pesar de estas iniciativas, Goia ha reiterado en numerosas ocasiones que la problemática de la vivienda es bastante más intrincada de lo que las soluciones legales podrían abordar. Ha instado a la necesidad de actuar en diversas áreas más allá de la legislación, reconociendo que la promoción de nuevas viviendas es fundamental y que esta es la principal responsabilidad del ayuntamiento.

Arzallus también ha señalado que el mercado de alquiler ha visto la disminución de muchas propiedades, alcanzando incluso situaciones en las que no hay nada disponible en ciertos municipios. A este respecto, Goia resaltó que, según la opinión de expertos del sector inmobiliario, la aprobación de la ley podría haber llevado a un 30-40% de desaparición de viviendas del mercado de alquiler.

Este cambio en el mercado también ha fomentado un incremento en las ofertas de alquileres de temporada, lo que podría interpretarse como una estrategia para eludir las regulaciones de la nueva ley. El alcalde denunció esta situación como un fraude, subrayando que es esencial entender que la promulgación de una ley por sí sola no solucionará la crisis de vivienda en la ciudad.

Finalmente, Goia concluyó que la respuesta legislativa al desafío de la vivienda es una solución demasiado simplista. Si bien reconoce que la ley puede ofrecer algunos beneficios, es fundamental no dejarse llevar por la ilusión de que su aprobación resolverá el problema complejo que enfrenta San Sebastián, asegurando que se requiere un enfoque más integral y multifacético para abordar esta crisis habitacional.