En medio de un contexto debatido sobre la reducción de la jornada laboral, el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, ha descartado la posibilidad de que la implementación de esta medida lleve a un "apocalipsis económico". Según Sordo, lo que realmente genera inquietud en ciertos sectores de la economía es el "control efectivo del tiempo de trabajo".

Durante una entrevista con Herri Irratia-Radio Popular, Sordo expresó su confianza en que, aunque la tramitación de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales será compleja, esta es "perfectamente posible" y podría comenzar a aplicarse para todos a partir de 2026. Este acuerdo fue alcanzado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos mayoritarios, aunque ha sido recibido con resistencia por parte de la patronal.

El líder sindical enfatizó que el pacto se establece con el Gobierno, y no con el partido Sumar, resaltando que se vive en un periodo de "mucha disputa de narrativas". En ese sentido, Sordo admitió que algunas controversias alrededor del acuerdo le resultan indiferentes.

Si bien reconoció que el proceso legislativo para este proyecto de ley será arduo y "tardará unos meses", Sordo aclaró que existen disposiciones en el propio acuerdo que dictan cómo entrará en vigor si no es modificado durante su tramitación en el Parlamento. Se prevé un proceso de adaptación mediante convenios colectivos, con un plazo límite establecido para el 31 de diciembre de 2025.

El dirigente ha dejado claro que su objetivo es que, a partir de 2026, todos los trabajadores cuenten con una jornada laboral máxima legal de 37,5 horas semanales. En su declaración, subrayó que lo crucial es que esta medida mejore las condiciones laborales de millones de personas.

Desgranando su enfoque, Sordo señaló que su principal preocupación radica en cómo esta disposición impacta a las trabajadoras con empleos a tiempo parcial, la necesidad de evitar una absorción en sus salarios a causa de la reducción de horas y el impacto que esta medida podría tener en la creación de nuevos puestos de trabajo, especialmente en un país con un desempleo superior al 10%.

Mirando hacia el futuro, Sordo mencionó que CCOO y UGT están sosteniendo diálogos con diversos grupos políticos para reunir una mayoría parlamentaria favorable. Hasta la fecha, se han reunido con varias formaciones, incluido el PNV, EH Bildu, Sumar y el PSOE, además de planificar encuentros con ERC y UPN. "Nuestra intención es tratar de convencer al conjunto de los grupos sobre los beneficios de la propuesta", apuntó.

Con respecto a la percepción actual, Sordo comentó que la impresión de los contactos ha sido positiva, incluso con Junts, un partido que podría plantear objeciones a la reforma. Según ha trasladado, este partido aún no tiene una posición definida y desea examinar cómo afectaría a las pequeñas y medianas empresas (pymes), así como cómo se tramitaría en el Parlamento.

Sordo se mostró optimista al afirmar que es razonable esperar enmiendas a la propuesta, indicando que Junts parece abierto al diálogo, lo que incrementa la posibilidad de que la medida avance, dado su respaldo en la ciudadanía.

El sindicalista observó que la idea de reducir la jornada laboral sin afectar los salarios resuena favorablemente, sin importar la posición política de cada persona, añadiendo que es innegable que la normativa sobre el tiempo de trabajo debe actualizarse para reflejar las transformaciones de la economía actual.

Además, afirmó que Euskadi sería una de las comunidades menos impactadas por esta reforma debido a que ya se implementa en varios sectores, pero calculó que alrededor de 300,000 trabajadores verían cambios significativos en sus horas laborales.

La reducción de la jornada semanal, de 40 a 37,5 horas, no solo sería un avance considerable, sino que también podría tener repercusiones en los convenios colectivos, lo cual, según Sordo, debe ser valorado adecuadamente. Hizo hincapié en que, de forma general, la media de horas laborables en los convenios colectivos ya se sitúa en 38,2 horas.

En este marco, Sordo subrayó la relevancia tanto del tiempo como de su distribución, considerando que el acuerdo incluye medidas que afectan a la desconexión digital. Reiteró la necesidad de establecer mecanismos que permitan un control efectivo del tiempo de trabajo, ya que, de no hacerse, las leyes podrían no ser cumplidas. Sordo enfatizó que esta medida es vista con recelo en algunos círculos económicos.

En respuesta a la inquietud sobre un posible desastre económico por la aprobación de esta reforma, Sordo recordó situaciones previas en las que se predecía el colapso si se incrementaba el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), sugiriendo que tales pronósticos no se materializaron. En realidad, los índices de empleo han alcanzado cifras récord, mientras que las temidas consecuencias nunca se materializaron.

Finalizando su intervención, Sordo reflexionó sobre el contraste entre la alarma generada por ciertos sectores y la realidad de un mercado laboral en expansión, resaltando que estas críticas provienen de visiones dogmáticas que tienden a rechazar los cambios a favor de un enfoque más progresista y humano en la economía.