En un giro que pone en evidencia la fricción entre las fuerzas políticas en el País Vasco, Sumar ha decidido poner fin a las conversaciones con el Gobierno Vasco en torno a los Presupuestos para el año 2025. Jon Hernández, parlamentario de la coalición, ha manifestado que actualmente resulta "imposible alcanzar un acuerdo satisfactorio". Esta postura fue anunciada después de una segunda reunión efectuada el pasado miércoles con el consejero de Hacienda y Finanzas, Noël D'Anjou.

El representante de Sumar ha hecho hincapié en que su coalición no brindará apoyo a las cuentas propuestas para la Comunidad Autónoma Vasca, a pesar de haber presentado una "propuesta clara y detallada" que refleja sus prioridades en el ámbito político y presupuestario. No obstante, acusa al Gobierno Vasco de no haber presentado ninguna alternativa concreta ni de haber mostrado voluntad para negociar cambios significativos.

Hernández ha destacado que la respuesta del Gobierno se ha limitado a solicitar el apoyo de Sumar para sus presupuestos existentes, dejando sin respuesta las enmiendas propuestas por la coalición. En este sentido, se ha señalado que Sumar ha planteado un conjunto de enmiendas valoradas en 755 millones de euros, con el firme objetivo de redirigir los presupuestos hacia una realidad más social, ecológica y justa.

En el ámbito de la vivienda, Sumar ha propuesto destinar 107,5 millones de euros para facilitar la ampliación del parque público de alquiler, prevenir desahucios y desarrollar 2.000 viviendas sociales. En el sector de la salud, la coalición ha defendido la necesidad de invertir 250 millones de euros para fortalecer la atención primaria y mejorar las infraestructuras, además de reducir las listas de espera.

Por otro lado, en materia de educación, Sumar sugiere la asignación de entre 85 y 90 millones de euros para la implementación de comedores escolares gratuitos, disminución del número de alumnos por aula y mayor inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales. En cuanto a la transición energética, se ha solicitado una inversión de 91 millones para fomentar la reindustrialización verde y promover el autoconsumo a nivel comunitario.

Asimismo, Sumar ha pedido 90 millones para mejorar las condiciones laborales de los cuidadores, considerándolos esenciales para garantizar el bienestar de muchas familias. Entre otras iniciativas, destaca un plan piloto de Renta Básica Universal, cuya dotación sería de 80 millones de euros, con la finalidad de investigar formas de combatir la desigualdad y proporcionar estabilidad a los sectores más desprotegidos.

Jon Hernández ha resaltado que no solo el Gobierno Vasco ha rechazado las propuestas de Sumar, sino que tampoco ha mostrado interés en presentar alternativas que pudieran facilitar un acercamiento. En este contexto, Hernández ha exigido un modelo presupuestario distinto que priorice la justicia social, asegurando el acceso a una vivienda digna y a servicios públicos de calidad en educación y salud, así como un firme compromiso con la transición ecológica.

Con esas consideraciones, la conclusión de Hernández es contundente: "Con estos presupuestos, esa transformación es imposible. Por ello, Sumar considera que no son necesarias más reuniones, ya que es imposible lograr un acuerdo aceptable". Su postura marca un punto de quiebre en el diálogo político actual en Euskadi, dejando clara la falta de consenso entre las partes.